Las Comunidades Están Levantándose para Resistir y Combatir al Racismo a Través de Políticas Locales de Santuario

Después de la elección de un candidato que correó con una plataforma del racismo y xenofobia, las comunidades inmigrantes en el país han experimentado un aumento dramático en crímenes y discursos del odio. Este nos tocaba en nuestras comunidades en Nueva York y el Condado de Montgomery County, Maryland, donde los alumnos de escuelas primarias han sufrido el peor de estos efectos.

Muchas comunidades respondieron tomando cada medida posible a proteger a la gente más vulnerable, incluyendo a los miembros de la comunidad que están indocumentadas, porque su seguridad está aún más amenazada, debido a las declaraciones del Presidente-Electo Trump, que iba a deportar hasta tres millones de personas. Protestas con promesas a resistir a deportaciones masivas, denunciar cada forma de discriminación, y continuar a dar bienvenidos a los inmigrantes, han soportados una llamada muy fuerte para que las jurisdicciones locales proveen refugio. Muchas jurisdicciones locales, iglesias y escuelas están reafirmando y amplificando sus políticas del santuario, mientras que otras han respondido desarrollando nuevas políticas de protección. En nuestro nuevo informe de hoy, “Santuarios, Seguridad y Comunidad – Herramientas para Acoger y Proteger a los Inmigrantes a Través de la Democracia Local,” estimamos que las protecciones constitucionales contra la discriminación las apoyan.

Nuestras investigaciones revelan las maneras en cual la Constitución de los EE.UU. y las leyes de derechos civiles apoyan a un alcance amplio de políticas locales que son pro-inmigrantes, incluyendo políticas que protegen a los miembros de la comunidad que son indocumentados contra la aplicación Draconiana de las leyes federales de inmigración. Debido a la pre-empción federal, no se puede parar completamente a la ejecución federal de las leyes de inmigración, pero si son bien hechas, algunas políticas locales—como la imposición de límites a la colección de información sobre estatus migratorio, la práctica de rechazar a solicitudes que detengan a los inmigrantes sin causa probable, políticas contra el uso de perfiles raciales y crímenes del odio, y en favor de ambientes educativos que son seguros y sin discriminación—son constitucionales y al dentro del poder legal de los gobiernos estatales y locales.

Nuestras investigaciones demuestran como las normas estatales y locales que protegen a información sobre el status migratorio de la gente son generalmente permitidas. Por parte de la policía local, la denegación de honrar a solicitudes que detengan a los inmigrantes, también es permitida y aún puede ser requerida para evitar violaciones de la Constitución. Acuerdos con el gobierno federal a dar fuerza a las leyes de inmigración pueden resultar en responsabilidad legal para hechos inconstitucionales, pues las políticas contra la participación en la ejecución de las leyes de inmigración para evitar a la discriminación racial, son justificadas. Cualquier amenaza a retraerse los fondos federales que no son ligadas a obligaciones acordadas para dar fuerza a las leyes federales de inmigración van demasiado lejos, y deben ser resistidas.

Este momento también exige a políticas locales contra la discriminación, incluyendo a protecciones contra discriminación en base de raza, origen nacional, lenguaje y estatus migratorio, por parte de la policía local, autoridades el empleo, vivencia y otras autoridades públicas; avisos públicos enseñando que los crímenes del odio van a ser perseguidos; y políticas fuertes contra las palabras del odio, especialmente en las escuelas y otras instituciones públicas. Declaraciones públicas que la jurisdicción es una de “santuario” también pueden ser útil.

Reformas de los sistemas de justicia criminal también pueden ayudar a limitar a los abusos del poder federal y a guardar contra la potencia de deportaciones masivas. Estas incluyen a prohibiciones contra perfiles raciales, y trabajando a parar a la encarcelación masiva, bajar la influencia del lobby de la industria de prisiones privadas, de-criminalizar a ofensas no-violentas, reducir la disparidad racial de las sentencias, mejorar acceso a defensores públicos, y otras medidas.

Quizás las más importantes son las protecciones constitucionales para las escuelas, que nos ensayan que la colección de información sobre el estatus migratorio y la aplicación de las leyes de inmigración en las escuelas violan a la cláusula de la Protección Igual de la Constitución de los EE.UU. Las normas estatales y locales sobre la educación deben proteger a las familias contra cualquier medida que creería medio de la revelación del estatus migratorio de un niño o de sus padres. Sin importar quién es presidente, tenemos el derecho a esperar que todos los niños van a estar seguros en sus escuelas, y vamos a asegurar que los gobiernos locales se los protegen, y resistir a cualquier forma de tiranía o política discriminatoria promulgada por la nueva administración federal.