Santuarios, Seguridad y Comunidad: Herramientas para Acoger y Proteger a los Inmigrantes a Través de la Democracia Local

Santuarios, Seguridad y Comunidad: Herramientas para Acoger y Proteger a los Inmigrantes a Través de la Democracia Local

January 13, 2017
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Debido a las preocupaciones acerca de las crecientes amenazas a las comunidades de inmigrantes respecto a varias posturas políticas migratorias de índole racial promovidas por la administración federal entrante,1 Demos y LatinoJustice PRLDEF presentan este informe preliminar sobre las decisiones que comunidades locales pueden tomar, considerando su forma de gobierno local, para implementar políticas que protegen los derechos de los inmigrantes. Este informe no es exhaustivo; su propósito es proporcionar a los activistas con información básica sobre las opciones a su disposición para efectivamente abordar amenazas palpables a la seguridad y bienestar de las comunidades de inmigrantes. Nuestra investigación demuestra cómo las instituciones democráticas locales pueden implementar medidas correctivas e incluyentes para recibir a los inmigrantes y tratarlos como miembros iguales de nuestra sociedad. Creemos que este momento de crisis ofrece una oportunidad para que los gobiernos locales y las escuelas se dediquen a promover una “comunidad amorosa”2 que asume la responsabilidad de proteger a sus miembros más vulnerables y, de esta manera, aumentar el bienestar y la seguridad de todos. 


This report is available in English.

Desde las elecciones de 2016 en las que eligió un candidato presidencial que construyó su campaña sobre una plataforma de xenofobia racial, se ha desatado una inquietante ola de crímenes de odio y discurso del odio, y el mayor número de incidentes se han ocurrido  en las escuelas.3 Las comunidades de inmigrantes no sólo temen que recientes políticas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)4 sean eliminados. También sienten miedo de que el gobierno federal implemente políticas draconianas como las evaluaciones por perfil racial,5 las redadas y deportaciones masivas.6 En su campaña, el presidente-electo Donald Trump prometió “construir un muro” a fin de evitar que entraran los “mexicanos,” los cuales tildó de “criminales” en su totalidad;7 denegar refugio a sirios buscando asilo por su guerra civil, incluyendo a los niños sirios; 8 instituir un registro nacional inconstitucional para los musulmanes y prohibir temporalmente que los inmigrantes musulmanes entren al país; 9 revocar la orden ejecutiva del Presidente Obama que dilata la deportación de jóvenes indocumentados; y deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados.10 Esta retórica ha generado un ambiente hostil para las comunidades minoritarias en el que se destacan altos niveles de crímenes y discursos del odio hasta en escuelas y dirigidos a lugares de culto y templos religiosos.11 A un mes después de la elección de Donald J. Trump al cargo federal más alto de la nación, se documentaron más de 1.000 incidentes de discriminación, de las cuales casi el 37 por ciento involucraban personas expresando su apoyo al Sr. Trump a la vez que participaban en estos deplorables actos en contra la humanidad.12

Ante esto, en los días posteriores a las elecciones, ciudades alrededor del país reafirmaron su compromiso a proporcionar algún tipo de santuario para los inmigrantes.13 Otras comunidades han comenzado a proporcionar tales protecciones, mientras que el activismo impulsado por estudiantes y padres ha logrados que escuelas reafirmen su compromiso por, y trabajar para, ampliar dichas protecciones. Las Iglesias, hospitales y otras instituciones locales también pueden brindar protección para los inmigrantes. Es importante saber que estas protecciones pueden ser impugnadas, ya que el gobierno federal tiene “jurisdicción exclusiva” sobre la aplicación de las leyes migratorias. Por otra parte, las jurisdicciones locales que han proporcionado protección para los inmigrantes han visto peligrar sus fondos federales.14

Pero aún con estas amenazas, hay varias maneras en que las comunidades locales están trabajando para responder a estos desafíos y proteger a sus propios residentes, como por ejemplo rehusándose a destinar recursos locales para hacer cumplir leyes civiles migratorias y proporcionando salvaguardas contra el uso de perfiles raciales u otras acciones inconstitucionales. Muchas de estas protecciones ya están en uso, y como demuestra nuestra investigación, la jurisprudencia reciente que ha desafiado las violaciones de los derechos civiles puede convertirse en una base de protección para comunidades de inmigrantes en los próximos años. 

En la actualidad, unas 400 jurisdicciones— que abarcan al menos 4 estados, 39 ciudades y 364 condados— comparten un fuerte compromiso con la inclusión, diversidad y acogimiento de las comunidades de inmigrantes a través de lo que se denominan “políticas de santuario,” las cuales limitan cooperación federal con respecto a la detención de inmigrantes.15 Protecciones adicionales incluyen no compartir información migratoria, proteger a las escuelas y sus alrededores y la promulgación de políticas anti discriminatorias.16 A pesar de que las políticas de santuario son propensas a ataques políticos y legales, nuestro análisis legal muestra que las comunidades tienen algún margen para maniobrar y decidir por su cuenta si la democracia local recibirá y protegerá a inmigrantes. Aunque el gobierno federal tiene “jurisdicción exclusiva” sobre la aplicación de leyes migratorias, nuestro sistema constitucional del federalismo permite a las comunidades ejercer la democracia a nivel local y establece mecanismos para evitar las peores medidas draconianas del gobierno federal.17 A pesar de que las comunidades locales no pueden evitar la aplicación de leyes federales migratorias, las violaciones de protección equitativa y tácticas como el uso de perfiles raciales y el uso de la policía local para hacer redadas de deportación entre los miembros de nuestras comunidades locales han sido truncadas con eficacia en el pasado, y pueden, y deben, ser truncadas en el futuro.

La parte A de este informe describirá brevemente varios tipos de protecciones locales para los inmigrantes. La parte B describe los parámetros legales básicos, así como las amenazas legales actuales en cuanto a las políticas gubernamentales locales destinadas a proteger a las personas indocumentadas de la aplicación agresiva de leyes migratorias. También explicará cómo la Constitución estadounidense apoya a jurisdicciones locales para proteger los estatus migratorios de personas cuando sean solicitados, evitar las evaluaciones por perfil racial, negándose a detener a los inmigrantes, oponiéndose al encarcelamiento y las deportaciones excesivas, y quizás lo más importante, proteger a los niños de las escuelas públicas, entre otras medidas. La parte C resumirá estas conclusiones y ofrecerá recomendaciones para políticas basadas en la abogacía.  

Esperamos que esta información sea útil para el lector. Asimismo, animamos a los activistas buscar y escoger entre una amplia variedad de herramientas disponibles para lograr una democracia local incluyente que rechaza la discriminación, promueve la protección equitativa y recibe a los inmigrantes a la vez que también cumpla con las necesidades de la comunidad local. En estos tiempos difíciles, es preciso practicar el aprendizaje continuo, así como afinar las tácticas y estrategias para poder presentar la mejor defensa posible para políticas de santuario y la visión de comunidad, inclusión, seguridad, bienestar y democracia local que éstas encarnan.
 

A. ¿Cuáles son los Principales Tipos de Protección Local para los Inmigrantes? 

En la actualidad hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en los EE.UU., la mayoría de los cuales son minorías. Estas personas se enfrentan a un sistema migratorio mucho más restrictivo que el que experimentaron las primeras oleadas de inmigrantes europeos, en gran parte debido a las políticas de evaluación de perfil racial, que criminalizan y excluyen a un número desproporcionado de inmigrantes minoritarios del proceso a la ciudadanía.18 Desde las reformas anti-inmigrantes restrictivas en 1996, se ha vuelto extremadamente difícil obtener un estatus legal.19 El Congreso ha fallado en aprobar la necesaria reforma migratoria integral, y como respuesta, muchas jurisdicciones locales han decidido proteger a los inmigrantes indocumentados que forman parte de sus comunidades. 

Hay muchas variaciones entre los cientos de políticas locales para proteger y acoger inmigrantes. Los principales tipos de protecciones legales que jurisdicciones locales han puesto en práctica se encuentren abajo:

  • Políticas que afirman las protecciones constitucionales que protegen a las personas de las evaluaciones de perfil racial y promueven la protección equitativa, además de aquellas que demuestran el compromiso de una jurisdicción en perseguir casos de crímenes de odio con agresividad. 
  • Las políticas que prohíben la aplicación de leyes migratorias en las escuelas públicas, lugares donde se garantiza que la protección equitativa constitucional salvaguarde a estudiantes indocumentados.
  • Políticas prohibiendo la aplicación de leyes migratorias en otros lugares sensibles, tales como iglesias y hospitales.
  • Programas incluyentes que proporcionan beneficios a los inmigrantes indocumentados y sus familias, como medidas que amplían el acceso a tarjetas de identificación o seguro médico; la emisión de licencias profesionales a los inmigrantes y/o el fortalecimiento de los derechos laborales en áreas que afectan predominantemente a los trabajadores de bajos ingresos. (Esto incluye los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y empleados domésticos). 
  • La modificación de las leyes penales del estado, para reducir o eliminar las consecuencias de la inmigración que pudieran derivarse de una condena penal, la conmutación de condenas previas por delitos u otras reformas de justicia penal relevantes. (Esto incluye ofrecer capacitaciones para la vigilancia policiaca comunitaria o la aprobación de leyes que limitan la capacidad de la policía para arrestar a personas por delitos menores o ciertos delitos migratorios). 
  • Las prácticas de no honrar las solicitudes de detención migratoria penal emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que le pide a las autoridades locales extender la detención de personas que ya están bajo custodia. 
  • Las políticas que limitan el uso de recursos comunitarios para la aplicación de leyes migratorias federales (o de las medidas penales contempladas en estas leyes). 
  • Las políticas que restringen las investigaciones acerca del estatus migratorio de una persona. 
  • Las políticas que protegen información relacionada al estatus migratorio de una persona frente a las autoridades federales. Para evitar conflictos con las leyes federales que permiten a cada estado y a los empleados del gobierno local intercambiar información con las autoridades federales, algunas jurisdicciones han promulgado políticas de restricción de acceso a la información sobre el estatus migratorio.20
  • Las políticas que proporcionan fondos públicos para ofrecer servicios legales a los inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos que enfrentan la deportación.21

Las implicaciones prácticas y legales de cada una de estas políticas son ampliadas en mayor detalle en la parte B.1 y B.2. A continuación hay una discusión sobre el marco básico que rige cómo el control y la autodeterminación de entidades locales se entrecruzan con la autoridad federal.
 

B. Bajo el Sistema Constitucional de Federalismo Estadounidense, ¿Cuáles son los Derechos de las Comunidades Locales con Respecto a la Autodeterminación y Democracia Inclusiva?

Bajo el sistema constitucional de federalismo estadounidense, el poder se equilibra entre los gobiernos federales, estatales y locales. En estos momentos, debido al temor colectivo que la entrante administración de Trump pretende realizar deportaciones masivas y evaluaciones de perfil racial que socavarán la seguridad, protección y economías locales, 22 los gobiernos estatales y locales deben proteger a los inmigrantes indocumentados y las comunidades de inmigrantes de estas amenazas. Mientras el gobierno federal tiene la jurisdicción exclusiva sobre la aplicación de leyes migratorias, los gobiernos estatales y locales retienen la jurisdicción sobre el trato que los inmigrantes indocumentados reciban a través de sus políticas locales. Esta autoridad no es ilimitada, pero ofrece un amplio margen para crear políticas comunitarias positivas que protegen a los inmigrantes indocumentados. Los gobiernos estatales y locales también tienen la obligación de abstenerse de tomar acciones inconstitucionales, y tienen el derecho de rechazar mandados del gobierno federal tiránico que pueda intentar gobernar en base a las evaluaciones de perfil racial, entre otras políticas o prácticas inconstitucionales.23 Esta sección detalla regulaciones legales y su aplicación a una variedad de políticas estatales y locales que pueden proteger a familias y comunidades de inmigrantes.

1. Bajo el Sistema de Federalismo Estadounidense, las Políticas de Santuarios Estatales y Locales son Generalmente Permitidas

Las protecciones locales para inmigrantes indocumentados deben adecuarse al sistema constitucional de federalismo estadounidense, el cual equilibra el poder entre el gobierno federal y los estados.24 En esta danza de poderes, la Corte Suprema ha mantenido consistentemente que el gobierno federal “tiene claro y amplio poder sobre el tema migratorio y la situación migratoria de los [inmigrantes].”25 En base a mandatos constitucionales específicos, el gobierno federal tiene la autoridad exclusiva para decidir quiénes (de los no ciudadanos) puede entrar y permanecer legalmente en el país,  particularmente porque esto impacta las relaciones con los otros países. 26 Defensores de los derechos migratorios se han respaldado en esta autoridad federal para establecer que las leyes migratorias restrictivas en estados como Alabama (2012), Arizona (2012) y California (1976) que eran inconstitucionales porque las invalidaba la ley federal.27 Este mismo argumento podría también aplicar a las leyes estatales y locales diseñadas para proteger a los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, no todas las leyes estatales y locales que afectan a los inmigrantes están invalidadas por la autoridad federal. Además de la autoridad que el gobierno federal tiene para aplicar leyes migratorias federales, la Corte Suprema también reconoce alguna autoridad positiva y soberana de los gobiernos estatales y locales para brindar cuidado de salud, seguridad, educación y bienestar a las comunidades de inmigrantes.28

A veces se le denomina a la soberanía estatal y local como “poder policial” pero el término es poco apropiado, porque abarca mucho más que la vigilancia policial tradicional. El “poder policial” bajo la soberanía del estado incluye la habilidad de legislar y reglamentar la seguridad pública, la educación, la salud y el bienestar.29 Muchos aspectos de las leyes de santuario para inmigrantes locales caen bajo esta categoría y por lo tanto discutimos que son constitucionales. 

Además, permitir al poder local de la policía encargarse de la seguridad pública está ampliamente justificado por los hechos y datos. Si los inmigrantes indocumentados y sus familiares tienen miedo de reportar crímenes a la policía local, la seguridad pública es comprometida. Una encuesta reciente halló que el 44% de los latinos (no sólo inmigrantes) son menos propensos a acudir a la policía si temen que los oficiales les pregunten por su estatus migratorio.30 Por esta razón, las asociaciones nacionales policiacas31 y los grupos en contra de la violencia doméstica y el asalto sexual, tipicamente oponen a legislación que requiera a la policía local preguntar por el estatus migratorio.32 Otras razones para implementar políticas locales que protegen a los inmigrantes incluyen la seguridad escolar, el acceso al cuidado médico y el bienestar de la comunidad.33 Por ejemplo, las economías locales dependen de las contribuciones significativas de los inmigrantes, 34 y la educación pública será impactada negativamente cuándo los hijos de inmigrantes indocumentados no pueden involucrar a sus padres de forma segura en su educación.35 Además, puede ser que las autoridades locales deban proporcionar protección contra las evaluaciones de perfil racial, la incitación al odio y crímenes de odio, y no quieren desviar los recursos locales ni comprometer la eficiencia de los programas locales para ayudar al gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias.36 Por lo tanto, se puede argumentar que las políticas locales basadas en estas razones están dentro de la jurisdicción soberana de las autoridades estatales y locales. 

(a)  Las Amenazas Actuales de Prelación Bajo la Ley de Inmigración Federal son Exageradas

En febrero de 2016 el Congresista John Culberson (R-Tex.) preguntó si los beneficiarios de subvenciones otorgadas a través del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que tienen políticas de santuario estaban en cumplimiento con la ley federal. Su indagación del Congreso se basó en un estudio realizado por el grupo anti-inmigrante Centro para Estudios de Inmigración (en inglés, Center for Immigration Studies),37 organización fundada y financiada por el supremacista blanco John Tanton.38 Basado en esta indagación, el Inspector General del Departamento de Justicia expresó que 140 jurisdicciones que recibieron financiamiento federal pudieran estar infringiendo la ley federal debido a sus políticas de santuario para inmigrantes.39 Su recomendación era que las jurisdicciones demostraran cumplimiento de la ley federal que expresamente invalida las políticas de inmigración estales y locales. Esta ley, 8 U.S.C. § 1373 (“Sección 1373”),40 es una doble negativa. Prohíbe a las autoridades federales, estatales o locales prohibirle a cualquier entidad u oficial de gobierno estatal o local mandar o recibir información sobre el estatus migratorio de cualquier persona.41 Luego dice que no pueden prohibir a solicitar, mantener o intercambiar dicha información con el gobierno federal.42 Sin embargo, la ley no requiere que entidades u oficiales del gobierno estatal o local soliciten ni proporcionen el estatus migratorio de las personas. 

Además, es probable que los elementos esenciales de las políticas de santuario locales en cuestionamiento no son invalidados por esta ley federal.43 Probablemente por esta razón las amenazas de perder la financiación federal no han detenido a las grandes ciudades de públicamente reiterar su compromiso de abstenerse en proporcionar información sobre el estatus migratorio al gobierno federal.44 La única vez que una corte federal escuchara un caso relacionado fue cuando el ex Alcalde de la Ciudad de Nueva York Giuliani desafió la constitucionalidad de la Sección 1373, apenas de su promulgación. En 1997, un tribunal federal dictaminó que el nuevo estatuto federal no obligaría a la ciudad hacer cumplir las leyes migratorias federales.45 Aunque el caso no abarcó la legalidad de las leyes santuario de la ciudad, aporta luces al tema. Al igual que las provisiones clave de otras leyes actuales de santuario, la ley de santuario de la Ciudad de Nueva York no comparte información sobre el estatus migratorio con el gobierno federal a excepción de lo requerido por la ley, autorizado por el individuo, o si la persona fuera sospechosa de actividad criminal.46 La Corte Federal de Nueva York encontró que la Sección 1373 “no requiere que cualquier agencia gubernamental u oficial del orden público se comunique con la Agencia de Inmigración y Servicios de Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) [ahora ICE].”47 El tribunal describió el intercambio voluntario de información detallado en el estatuto como  “opcional”48 mas no “invasivo,” dado que: 

no requieren que la ciudad legisle, regule o imponga, o de otro modo aplique, las políticas migratorias federales. En su lugar, sólo dictaminan que a los funcionarios de la ciudad se les permita, si así lo deciden, compartir información con las autoridades federales. Los estatutos ni siquiera requieren a los funcionarios de la ciudad proporcionar cualquier tipo de información a las autoridades federales. Ellos sólo evitan que la ciudad interfiera con un intercambio voluntario de información. [Se le hizo énfasis a parte de este párrafo.]49 

(b)  Proteger Información sobre el Estatus de Inmigración es una Estrategia Viable para Comunidades Locales 

Las políticas de santuario que limitan el acceso a la información sobre el estatus migratorio al limitar la colección o conservación de dicha información no necesariamente son invalidadas por la ley federal. La ley federal no prohíbe expresamente restricciones en la capacidad de los empleados locales para reunir información o preguntar por el estatus migratorio. La sección 1373 sólo prohíbe restringir a las entidades o empleados locales de “mandar o recibir información [sobre el estatus migratorio] obtenida del gobierno federal50 o de “solicitar, mantener o intercambiar” dicha información obtenida de, o en colaboración con, el gobierno federal.51 No prohíbe las restricciones a tener acceso, ni a pedir tal información migratoria de personas en contacto con empleados estatales o locales. Sencillamente, si la información no está recopilada, no se puede darla al gobierno federal. 

Sin embargo, algunos programas con beneficios locales, tales como licencias de conducir, tarjetas municipales de identificación, seguro médico o descuentos estatales en la matrícula universitaria han necesitado la que los oficiales locales pidiendo información sobre el estatus migratorio de inmigrantes indocumentados o sus familiares. Usualmente la estructura legal de estos programas incluye protecciones de confidencialidad.52 Dadas las amenazas actuales, no pedir información sobre el estatus migratorio o sólo preguntar de paso cuando sea necesario para los propósitos del beneficio, sin guardar esta información con datos de identificación personal, pueden ser las mejores soluciones.

Además, las jurisdicciones locales también pudieran debatir que permitir a sus empleados revelar información sobre el estatus migratorio de las personas les impediría cumplir a cabalidad con los deberes de su trabajo, y que dichos deberes caen bajo la jurisdicción local de “poderes policiales.” Por ejemplo, las tarjetas de identificación municipal o licencias de conducir proporcionadas a inmigrantes indocumentados se emiten para mejorar la seguridad pública estatal y local. Estas metas de política pública se socavarían si cualquier empleado diera información sobre el estatus de inmigración al gobierno federal. Además, las escuelas no deben pedir información sobre el estatus de inmigración con el propósito de aplicar la ley migratoria, porque violaría el derecho de protección equitativa bajo la ley u otros derechos constitucionales.53 Similarmente, en otros casos, la revelación  del estatus migratorio “podría llevar a un proceso penal, acoso e intimidación” que disuadiría a los inmigrantes indocumentados de ejercer sus derechos legales.54

(c)  Las Amenazas de Restringir el Financiamiento Federal son exageradas y deben ser Combatidas

Dado su carácter coercitivo, es muy probable que las amenazas de eliminar el financiamiento federal que no está directamente relacionado a la aplicación de las leyes migratorias sean inconstitucionales.55  Ilya Somin, profesora de leyes, recientemente argumentó que:

Muy pocas subvenciones para gobiernos estatales y locales— si acaso alguna— están condicionadas a la cooperación con los esfuerzos de deportación federales. La Corte Suprema ha dictaminó hace rato que condiciones en las subvenciones federales a los gobiernos estatales y locales no son aplicables a menos que sean detallados “sin ambigüedades” en el texto de la ley “para que los Estados puedan decidir si aceptan o no estos fondos.” En caso de ambigüedad, los tribunales deben asumir que los gobiernos estatales y locales no tiene que cumplir con la condición en cuestionamiento. Por lo tanto, la administración de Trump no puede eliminar ninguna subvención federal a las ciudades santuario, a menos que pueda demostrar que dichas subvenciones claramente indican que la cooperación con políticas federales de deportación es condición para tenerla.56

Expertos de la ley constitucional como Erwin Chemerinsky concuerdan en que las jurisdicciones con leyes de santuario para inmigrantes no pueden ser forzadas a hacer la voluntad del gobierno federal con amenazas de retirar fondos federales.57 La Corte Suprema sostiene que este tipo de abuso “arbitrario” y “tiránico” del poder federal es inconstitucional.58

Además, el argumento de algunos grupos anti inmigrantes de que toda financiación federal futura esté atada a la aplicación de leyes migratorias carece de apoyo. Muchos de los flujos financieros que pudieran ser teóricamente afectados por varios tipos de políticas santuario pueden ser defendidos por sus méritos. Por ejemplo, la financiación federal que asiste a víctimas de la violencia doméstica no debe ser eliminada, porque la Ley Federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) y el programa federal de visas para víctimas de la violencia doméstica demuestran que las personas en esta situación no deben temer ser deportadas para recibir protección.59 Por consiguiente, políticas estatales y locales que en estas situaciones mantienen confidencial la información del estatus migratorio no deben perder el financiamiento por estos programas. De igual forma, dado que regulaciones federales requieren que toda persona que asista a los cuartos de urgencias hospitalarias sean atendidas sin importar su estatus migratorio, además de las razones políticas locales de peso para proteger la salud pública, el hecho de mantener confidencial la información sobre el estatus migratorio relacionada al cuidado de salud, tampoco debe resultar en la eliminación del financiamiento federal.60 La financiación para la aplicación del derecho penal y los proyectos relacionados a la seguridad nacional puede resultar más complicado, pero las jurisdicciones pueden demostrar que los propósitos de estos fondos podrían ser socavados por la aplicación agresiva de leyes migratorias federales.61 Hay evidencia contundente de que víctimas o testigos de un crimen son mucho menos dispuestos a comunicarse con la policía si temen repercusiones migratorias.62 Por lo tanto, no revelar el estatus migratorio cuando se trata de programas importantes para la seguridad pública, y su compatibilidad con las políticas locales de santuario, proporciona argumentos adicionales contra la eliminación de fondos federales en el futuro. 

(d)  Las Amenazas de Retraer Fondos Federales del Programa Estatal de Asistencia contra Criminales Extranjeros (SCAAP, por sus siglas en inglés) para Sufragar el Costo de Encarcelamiento Depende de si la Jurisdicción Elige Participar

Las jurisdicciones que reciben la financiación del Programa Estatal de Asistencia contra Criminales Extranjeros (SCAAP, por sus siglas en inglés) pueden estar sujetos a algún control federal. SCAAP reembolsa a los gobiernos estatales y locales por una porción del costo de encarcelamiento “de criminales extranjeros indocumentados,” que se definen como personas indocumentadas que han cometido un crimen grave o dos o más delitos y estaban sujetos a una deportación en proceso al momento que fueron tomados en custodia.63 Un acuerdo para recibir un reembolso de fondos federales de SCAAP por costos de encarcelamiento es enteramente voluntario,64 así que no participar es una manera de evitar cualquier posible responsabilidad. Algunas ciudades santuario como Baltimore, Maryland no recibe fondos de SCAAP, pues no están expuestos a ser cuestionados bajo el esquema del financiamiento federal. Los niveles de financiamiento de SCAAP están bajos,65 y recientemente fueron aún más reducidos por el Congreso.66 Presuntamente proporciona alguna autoridad legal implícita al Departamento de Justicia (la agencia que da la subvención) para solicitar información acerca de las políticas de santuario de sus beneficiarios que pudieran estar socavando el encarcelamiento de esta categoría de inmigrantes indocumentados.67  Sin embargo, el asunto de si las jurisdicciones que reciben el financiamiento de SCAAP deben cambiar sus políticas de santuario no ha quedado resuelto. 

(e)  La Información Acerca del Estatus de Inmigración de Personas Solicitando Cuidados o Seguro Médico está Sujeto a Regulaciones de Confidencialidad que la Protegen de las Agencias de Inmigración

Tal y como lo ha enfatizado el Centro Nacional de Leyes Migratorias (en inglés, National Immigration Law Center) desde que la elección de noviembre, bajo la ley federal, “cualquier información proporcionada en el proceso de solicitar Medicaid, el Programa de Salud Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) o un plan [de cobertura médica federal] del Mercado sólo se puede usar para determinar la elegibilidad del individuo para dicho programa, no para propósitos de aplicación las leyes migratorias, y … [cualquier persona] que asista en el proceso es requerido por ley mantener esta información privada y segura”.68 Además, “los hospitales con salas de emergencia deben examinar y atender a las personas que requieren servicios médicos de urgencia sin importar… su estatus migratorio. Igualmente, cualquiera puede buscar atención de salud primaria y preventiva en centros de salud comunitarios independientemente [de] … su estatus migratorio”.69 Finalmente, los proveedores médicos pueden preguntar por el estatus migratorio para determinar la elegibilidad para el seguro de salud pública, “pero no deben negar el tratamiento médico basado únicamente en el estatus migratorio, ni basado en suposiciones acerca del estatus migratorio debido al idioma que la persona hable, su acento, su fisonomía o si tiene un número de Seguro Social. De hecho, esto puede violar las leyes federales de los derechos civiles”.70 Instituciones estatales y locales que reciben financiación federal deben cumplir con estas mismas regulaciones federales. 

(f)  Lugares Sensitivos como las Iglesias deben continuar Protegiendo a las Personas Indocumentadas

El movimiento santuario comenzó cuándo las iglesias protegieron a centroamericanos huyendo de la violencia y quienes el gobierno federal no les proporcionó asilo en los años de 1980.71 El momento histórico actual es notablemente semejante, no sólo para centroamericanos, sino para muchos otros buscando asilo en los Estados Unidos.72 Actualmente, más de 450 comunidades religiosas le proporcionan protección de santuario a inmigrantes indocumentados que se enfrentan a procesos de deportación.73 Ellos han hecho la siguiente promesa:

Como personas de fe y personas empáticas, prometemos resistir las propuestas de políticas públicas de la nueva administración electa para deportar a millones de inmigrantes indocumentados y discriminar en contra comunidades marginadas. Abriremos nuestras congregaciones y las comunidades como espacios de santuario para aquellas víctimas del odio, y trabajaremos junto a nuestros amigos, familiares y los vecinos para velar por la dignidad y los derechos humanos de cada persona.74

Estas comunidades de fe se respaldan en una política federal antigua, que la aplicación de las leyes migratorias no debe realizarse en lugares de cultos, hospitales, escuelas y otras “ubicaciones sensibles”.75 La política requiere a los oficiales migratorios solicitar permiso para la ejecución de leyes migratorias en ubicaciones sensibles, excepto cuando concierne la seguridad nacional, el terrorismo o riesgo inminente de peligro al público.76 

Mientras que la política federal actual pudiera ser modificada por la administración entrante, las razones políticas para ejercer discreción en la deportación de personas indocumentadas a quienes se le ha concedido santuario en una iglesia son extremadamente persuasivas. Ellos deberían frenar cualquiera consideración de aplicar leyes migratorias en lugares de culto y otros lugares sensibles. 

(g)  A los Estados se les Prohíbe Promulgar Leyes o Políticas Propias para Dar Fuerzas a las Leyes Sobre  Inmigración 

El sistema de federalismo estadounidense también prohíbe a los estados de promulgar sus propias leyes migratorias. Así como dictaminó la Corte Suprema en el caso de Arizona v.  Estados Unidos, los estados no pueden formular sus propias leyes penales con respecto al estatus migratorio de las personas.77 Mientras que los tribunales no hayan dictaminado en su totalidad las implicaciones para leyes santuario estatales y locales, está claro que la aplicación de leyes migratorias cae bajo la jurisdicción exclusiva del gobierno federal,78 por tanto los estados están justificados en estar menos involucrados con el cumplimiento de leyes migratorias. Por ejemplo, ser indocumentado es una violación civil, no criminal. Por lo tanto, si un arresto se basa únicamente en la sospecha de que la persona es indocumentada, no hay justificación para hacerlo.79 Por lo tanto, la policía estatal y local no deben proceder a identificar y arrestar a las personas por sospechas de ser indocumentadas. Además, Arizona v. Estados Unidos y otros casos recientes ilustran que las políticas estatales y locales que limitan la intervención del orden público en la aplicación de leyes migratorias civiles es justificable, especialmente considerando el aumentado riesgo de violaciones de los derechos civiles como por ejemplo, las evaluaciones por perfil racial, y el ambiente actual que pudiera llevar a algunos oficiales de la policía a sentirse empoderados por las declaraciones anti inmigrantes realizadas por el Presidente Electo.80

2.  Una Perspectiva Progresista del Federalismo que Contempla Regulaciones Contra el Uso d Perfiles Raciales, y otras Garantías Constitucionales, Apoya a las Políticas Locales de Santuario

Tal como se señaló anteriormente, en el sistema de federalismo estadounidense la aplicación de leyes migratorias federales cae bajo la jurisdicción “exclusiva” del gobierno federal, mientras que el trato o la “integración” de inmigrantes generalmente cae bajo la jurisdicción de los gobiernos estatales y locales. Eruditos de los derechos migratorios han argumentado que los poderes locales incluyen el “derecho de rechazar” su rol en hacer cumplir las leyes migratorias federales, así como también un papel para los gobiernos locales en la integración de los inmigrantes bajo la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.81 Esta es la enmienda que se ha usado tradicionalmente para apoyar los “derechos estatales” a fin de decretar restricciones estatales sobre los derechos civiles y leyes sobre el derecho a voto sin supervisión federal.82 Sin embargo, al contemplar consideraciones respecto a la equidad racial en el análisis, los defensores de los derechos migratorios pueden evitar el apoyo implícito de políticas estatales discriminatorias, mientras que el movimiento de santuario enfrenta la necesidad urgente de lograr justicia racial de manera orgánica.83 Un marco de trabajo basado en la equidad racial asegura que el papel de la democracia local esté centrado en la comunidad y que sea capaz de proteger a las comunidades de inmigrantes contra los crímenes de odio y otras formas de discriminación racial. Este enfoque también es sostenido por una investigación vanguardista sobre el “federalismo migratorio,”84 o “federalismo conflictivo.”85 Ambos se caracterizan por apoyar los principios de los derechos civiles y humanos, algo de suma importancia en estos momentos históricos. Como se demostrará a continuación, un federalismo basado en principios que reconoce la necesidad urgente de proteger a los derechos del inmigrante y de luchar contra la discriminación, también está desarrollándose a través de jurisprudencia reciente.

Para comenzar el análisis de justicia racial, ni los estados ni el gobierno federal pueden decretar ni hacer cumplir leyes que violen a la Constitución86 y la administración entrante debe ser responsabilizada por cualquier intento de lograr este cometido. Además, para proteger a las personas contra las evaluaciones por perfil racial y otras violaciones constitucionales, los gobiernos estatales y locales tienen la autoridad—y discutiblemente la obligación—de decretar políticas contra la aplicación de leyes migratorias federales por la policía local, escuelas y otras instituciones locales que interactúen con inmigrantes indocumentados.

(a)  Los Estados y las Comunidades Locales se pueden Respaldar en Jurisprudencia contra la Discriminación y a Favor de la Protección Equitativa para Apoyar Políticas de Santuario

En una serie de casos, la Corte Suprema abolió leyes estatales que infringieron la autoridad federal exclusiva de hacer cumplir las leyes migratorias. Estos casos se distinguen por un modelo de discriminación anti inmigrante que los tribunales federales a veces también han dictaminado como inconstitucional. En el influyente caso de Yick Wo v. Hopkins en 1886, con respecto a una ordenanza municipal que requería un permiso de operación de lavandería que afectaba desigualmente a unos inmigrantes chinos, la Corte Suprema dictaminó que una ley que es neutral a primera vista puede violar el derecho fundamental a la protección equitativa.87 En casos más recientes que se han basado en la supremacía de la ley federal, la Corte abolió partes del Código del Trabajo de California en 1976; la Propuesta 187 en California fue prohibida por el mismo motivo, abolida por el tribunal federal en 1997 y en última instancia removida de los códigos del estado en 2014. Ambos habrían requerido que funcionarios estatales informaran sobre los estatus migratorios y limitaran los beneficios estatales para inmigrantes.88 En el 2012, también basándose en la supremacía de la ley federal, la Corte abolió porciones principales del proyecto de ley 1070 de Arizona.89 En un pleito paralelo, se descubrió que el Alguacil Joe Arpaio y las “patrullas migratorias” de la policía del condado de Maricopa habían violado en repetidas ocasiones las protecciones federales de derechos civiles de los latinos— entre ellos residentes legales y ciudadanos estadounidenses— debido al uso de perfiles raciales.90

También en el 2012, la Corte de Apelaciones del 11vo Circuito abolió una ley anti inmigrante de Alabama que requería a las escuelas investigar el estatus migratorio de los estudiantes y sus padres, dictaminando que este tipo de discriminación violaba la protección equitativa.91 En el 2013, después de siete años de pleito, el 3er Circuito reafirmó su decisión en abolir las políticas restrictivas de Hazleton, Pensilvania, declarándolas claramente inconstitucionales debido a que las invalidaban la ley federal. Hazleton quería obligar a los propietarios y empleadores locales a obligar  pruebas documentarias del estatus migratorio de sus empleados, y castigar a aquellos que contrataran a inmigrantes indocumentados.92 Mientras que esta decisión se basó en la invalidación federal, en una decisión anterior, el 3er Circuito dictaminó que estas prácticas también violaron la ley federal que tipifica la protección equitativa.93 También en el 2013, el 5to Circuito abolió una ordenanza de alquiler de vivienda anti inmigrante en Farmers Branch, Texas, basándose en la supremacía de la ley federal.94 Como señalaba una opinión a favor de la abolición de la ordenanza, “el propósito y efecto” de la misma era “excluir a los latinos en la ciudad de Farmers Branch” … legislación de [esta] índole no se le debería permitir ser considerada como constitucional.”95

Como demuestra un caso reciente de LatinoJustice PRLDEF contra el condado de Frederick, Maryland, el riesgo de responsabilidad con respecto al uso de perfiles raciales también es elevada cuando la policía local coopera con la aplicación de leyes migratorias federales.96 El condado de Frederick decidió establecer un “acuerdo 287(g)”para ayudar al gobierno federal hacer cumplir las leyes migratorias federales.97 La sección 287 (g) de la ley federal de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) permite a las jurisdicciones estatales y locales establecer acuerdos voluntarios con el gobierno federal para cooperar con el cumplimiento de las leyes migratorias federales. La sección 287 (g) requiere a los oficiales locales capacitarse en las complejidades de las leyes migratorias bajo la supervisión de oficiales federales y entrenados en los derechos de protección civil relevantes.98 Estos acuerdos han generado desconfianza entre policías locales y comunidades de inmigrantes, e inclusive afectó negativamente la seguridad pública.99 Las acciones de la policía local en cooperación con la aplicación de las leyes migratorias federales desgraciadamente reflejan a nivel nacional “un patrón consistente de la remoción desproporcionada de personas no ciudadanas de los Estados Unidos por motivos raciales,” mayormente individuos latinos y sus familiares, incluyendo familias de “estatus mixto” con integrantes que son ciudadanos estadounidenses.100

En el condado de Frederick, Maryland:

En octubre de 2008 la Sra. Orellana Santos estaba sentada en un área pública fuera de su lugar de trabajo. Sin ninguna justificación otra que su apariencia de mujer latina— definida arbitrariamente por el sector de cumplimiento de leyes migratorias del condado— dos oficiales comenzaron a interrogarla y exigir que presentara documentación.  

Llegaron a la conclusión de que Orellana Santos tenía una orden pendiente para su eliminación y en ese momento empezó su odisea. Seguido a su arresto injustificado fue detenida por cuarenta y seis días. Cuarenta y seis días que ella fue privada de ver a su hijo de dos años.101

Durante la litigación del caso Santos v. Junta de Comisionados del Condado de Frederick, se le prohibió al condado detener a una persona basándose en la sospecha de una violación migratoria civil.102

En un caso similar de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ernesto Galarza, un ciudadano estadounidense que nacío en Puerto Rico fue detenido en una redada de drogas por un policía de Allentown, Pensilvania. Después fue hallado inocente de cualquier cargo. Debido a que era latino, la policía local llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que emitió un orden de detención. En mayo de 2014, una corte de apelaciones federal dictaminó que “las órdenes de detención de ICE son meramente solicitudes, que el condado de Lehigh pudo haber ignorado la orden y que por lo tanto comparte la culpa de violar el derecho de Galarza a la Cuarta Enmienda y su derecho a las garantías del debido proceso”.103

Estos casos revelan que el riesgo del uso de perfiles raciales es alto, por lo que tanto, la prohición  a los empleados de gobiernos locales, incluyendo la policía, las autoridades de empleo y vivienda, de preguntar a individuos acerca de su estatus migratorio y de proteger cualquier información sobre el estatus migratorio, puede legalmente justificable, para  proteger contra la responsabilidad de que se realicen evaluaciones por perfil racial, entre otras violaciones constitucionales. Estos casos también demuestran que existen buenas razones para evitar que las jurisdicciones locales establezcan acuerdos con el gobierno federal para participar en la aplicación de las leyes migratorias federales. 

(b)  No Cooperar con una Orden de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es Permitido

Muchas políticas de santuario impiden a los oficiales locales cumplir con las órdenes de detención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estas son solicitudes por parte del gobierno federal a las autoridades locales para mantener en custodia a una persona que haya sido identificada como tener presencia ilegal en el país. Las órdenes de detención de ICE son civiles y la decisión de sacar a una persona del país debido a su estatus migratorio recae únicamente en los oficiales migratorios federales.104 Varias ciudades limitan su cooperación con las órdenes de detención de ICE, e incluso podrían tener el deber legal de no honrar estas solicitudes. Por lo menos 8 tribunales federales han dictaminado que porque las órdenes de detención de ICE son voluntarias, la detención sin causa probable de los individuos por parte de las autoridades locales viola las protecciones constitucionales del debido proceso.105

En el caso anterior de Santos v. el Condado de Frederick, el 4to Circuito detuvo esto porque los órdenes de detención ICE se basan en violaciones civiles mas no penales, la policía local no debe acatarlos.106 En otro caso del 2014, el 3er Circuito también dictaminó que las “órdenes de detención de ICE no obligan y ni pueden obligar a una agencia del orden pública estatal o local que detenga a extranjeros [sic] que podrían ser deportados”.107 En 2015, el 1er Circuito llegó a la misma conclusión.108 En el 2014, una corte de distrito estatal en Oregon responsabilizó a un condado por violar la Cuarta Enmienda al honrar una orden de detención de ICE sin causa probable,109 y 9 otros condados dejaron de honrar las órdenes de detención de ICE.110 El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (en inglés, Immigrant Legal Resource Center) resumió que después de varios “dictámenes de cortes federales declarando a las órdenes de detención de ICE inconstitucionales, centenares de condados y ciudades dejaron de cumplir u honrar estas solicitudes.”111

Además, rehusar honrar las órdenes de detención de ICE no es invalidada por 8 U. S. C. § 1373, una prohibición federal que impide restringir a los empleados locales de intercambiar información sobre el estatus migratorio de las personas con el gobierno federal. Las protecciones constitucionales contra violaciones al debido proceso toman precedencia sobre cualquier requisito reglamentario opuesto. 

(c)  Regulaciones sobre el Cumplimiento de Leyes Migratorias para Personas siendo Procesadas por el Sistema Judicial Penal Presentan Complejidades y Demuestran la Necesidad de Reformar la Justicia Penal a Nivel Estatal

La cooperación forzosa y las opciones para resistir una aplicación excesiva de las leyes migratorias federales varían a medida que una persona sea procesada a través del sistema de justicia penal. Al momento del arresto, los tribunales federales han dictaminado que la policía local no puede arrestar ni retener a nadie por sospecha de una violación civil de las leyes migratorias federales, sin una orden expresa del gobierno federal que demuestre causa probable.112 Esto parecería eliminar la opción de cooperación si no hay de por medio una infracción migratoria penal como el contrabando o tráfico de personas o sustancias ilícitas. Sin embargo, desde que muchas jurisdicciones comenzaron a afiliarse a los programas de “Comunidades Seguras” en el 2008 mediante los cuales se comparten los datos de huella dactilares con ICE si una persona ha sido detenida o ha sido condenada por un crimen. En 2011, ICE revocó todos los acuerdos voluntarios y determinó que era obligatorio para todas las jurisdicciones compartir datos sobre las huella dactilares.113 Los datos de la huella dactilar tomados por autoridades estatales o locales se cotejan con la base de datos de ICE y pudiera llevar a una orden de detención de ICE.114 Sin embargo, aunque se le obligara a proporcionar los datos sobre las huellas digitales, las jurisdicciones aún pueden rehusarse a honrar una solicitud para una orden de detención de ICE.115

Si una persona es encarcelada en prisión estatal o local algunas jurisdicciones están buscando la manera de limitar su cooperación con las deportaciones excesivas. La ley federal de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) limita la deportación de personas en prisiones estatales de la siguiente manera: ICE sólo puede deportar a una persona después de que haya cumplido con su sentencia a menos que las autoridades estatales lo solicite.116 Dado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene autoridad en este asunto y debe esperar completarse la sentencia para tomar acción, algunas jurisdicciones han decidido no compartir información acerca de las fechas de liberación con la agencia, especialmente las de personas que han sido condenadas por ofensas no violentas.117 La Ley de Confianza (en inglés, Trust Act) de California promulgada en el 2014 dice que ninguna persona puede ser detenida por un tiempo mayor que el de su sentencia penal, lo cual significa que una persona no puede ser detenida mientras ICE tome acción para pasarla a su custodia una vez se haya cumplido la condena.118 La liberación temprana es otra manera de tratar de proteger personas que no han cometido crímenes violentos de una posible deportación.

Las políticas generales de la justicia penal estatales pueden y deben ser modificadas para evitar la extralimitación en la aplicación de leyes migratorias federales.  La ley migratoria federal trata a muchos delitos— que en cualquier otro caso tendrían consecuencias menos severas— como castigables con la deportación.119 Esta estructura legal, junto con políticas de deportación draconianas existentes aplicadas bajo la administración de Obama, ha resultado en el encarcelamiento excesivo de inmigrantes y la separación de millones de familias, en su mayoría por ofensas menores.120 Considerando que las comunidades minoritarias ya están sujetas a una excesiva vigilancia policial, se necesita urgentemente realizar amplias reformas a la justicia penal para despenalizar ciertos delitos estatales.121 La ley estatal puede tener un impacto severo y directo que resulte en deportaciones. Por ejemplo, según la ley de Georgia manejar sin licencia en repetidas ocasiones son considerados delitos penales menores, que a su vez son considerados causales para la deportación bajo las estrictas leyes migratorias. 122 Reformas para asegurar que estas leyes estatales no criminalicen delitos menores que ley federal considere causales para la deportación disminuiría este riesgo. Los gobernadores también pueden perdonar a estos delincuentes para asegurar que sus registros estén libres de ofensas que pudieran resultar en su deportación. 

Adicionalmente, hay formas de discriminación sistemática más arraigadas que intersectan con la aplicación de las leyes migratorias federales. Las comunidades de latinos— que incluyen tanto a ciudadanos nacidos en Estados Unidos como a inmigrantes— son vigilados y encarcelados excesivamente debido en gran parte a la aplicación “penal” de la leyes migratorias.123 Reformas más amplias a la justicia penal se necesitan con urgencia, tales como la eliminación del uso de perfiles raciales, la suspensión de prácticas de detención y cacheo, la despenalización de ofensas menores de posesión de droga, la implementación de programas de consejería y recuperación, reformas al sistema de fianzas y más acceso a los defensores públicos. Esto ayudaría a frenar el encarcelamiento excesivo no sólo de latinos ciudadanos estadounidenses sino también de inmigrantes que se enfrentan posiblemente a la sentencia más severa de todas: la deportación y separación permanente de sus hogares y familias.124 En estos momentos, luchar contra la influencia política de las corporaciones que lucran de las prisiones privadas también es crítico a la hora de frenar el encarcelamiento y deportación de los inmigrantes en nuestras comunidades.125

3.  Se Aplican Elevadas Protecciones Constitucionales en las Escuelas: No es Apropiado Hacer Cumplir a las Leyes Migratorias en las Escuelas

La discriminación basada en el estatus migratorio de estudiantes indocumentados es inconstitucional. En el caso monumental del 1975, Plyler v. Doe (“Plyler”), la Corte Suprema mantuvo que las garantías constitucionales de protección equitativa en la ley aplican a los estudiantes indocumentados. Por lo tanto, el estado de Texas no podía negarles acceso a la educación pública.126 Esto se basó en que las provisiones de la Declaración de Derechos Constitucionales de los EE.UU. ofrecen protección equitativa y debido proceso ante la ley a todas las personas que se encuentren en el territorio de un estado.127 Esta garantía es importante con respecto a todas las políticas de santuario porque sostiene la constitucionalidad de las protecciones estatales y locales a los derechos fundamentales de los indocumentados. Generalmente, la constitucionalidad de una norma depende de la evaluación de si la privación implicada tiene una justificación razonable. 

En este caso, la Corte Suprema dictaminó que la privación de la educación pública tendría un efecto perjudicial por la vida de estos niños128 que tenían poco control sobre su estatus migratorio como indocumentados.129 Respaldándose en los principios de Brown v. Board of Education (el caso que eliminó la segregación de las escuelas en 1954), la Corte enfatizó la importancia del acceso equitativo a la educación pública, expresándose:

No poder leer ni escribir será una desventaja para el individuo privado de una educación básica …  todos los días de su vida.  Dentro del marco de la cláusula de Protección Equitativa resulta difícil aceptar la privación de la educación básica en base al estatus migratorio debido al impacto incalculable al bienestar social, económico, intelectual y psicológico del individuo, además de los obstáculos que presentan para el logro individual.130

Dado que la ley de Texas negó el acceso a la educación basada en el estatus migratorio— y porque las personas que están en el país ilegalmente siguen siendo  “personas” con derecho a la protección equitativa— resultó ser inconstitucional.131 La Corte también dictaminó que las justificaciones del estado para discriminar contra estudiantes indocumentados eran “carecían de sustancia alguna en vista del costo implicado tanto para estos niños como el estado y el país”.132 Igualmente la Corte “desestimó el interés de preservar los recursos para los residentes legales del estado como ‘una expresión concisa de la intención a discriminar.’”133

Estos mismos principios constitucionales también se deben aplicar a las normas para proteger a los estudiantes indocumentados y sus familias de la aplicación de leyes migratorias federales en las escuelas. Los legisladores locales deben determinar si negar acceso a la educación en base al estatus migratorio ocurriría si no existieran protecciones para prevenirlo, y cuáles serían las consecuencias si la aplicación de leyes migratorias federales o el estatus migratorio impactara el acceso equitativo a la educación. ¿Es qué la escuela permite la aplicación de leyes migratorias dentro de su jurisdicción? Dado que ser indocumentado es una violación de la ley civil, ¿todos los tipos de violaciones civiles, como dejar de pagar los impuestos, también resultarán en que los niños estén sujetos a la aplicación de leyes migratorias en la escuela? ¿Se debe permitir que las acciones de los padres hagan que los niños no pueden asistir a la escuela sin provocar el arresto y la detención? ¿Cuál sería el impacto en la educación de los niños y los costos implicados para la comunidad? Las respuestas a estas preguntas demuestran que habría acceso desigual a la educación basada en el estatus migratorio si las políticas de las escuelas locales llevaran a que los niños estuvieran sujetos a la aplicación de leyes migratorias en sus instalaciones. 

Se dictaminó que una ley del estado de Alabama que habría requerido a las escuelas públicas determinar si un niño que se matriculara “era nacido fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos o si era un extranjero no legalmente presente en los Estados Unidos” violaba la cláusula de Protección Equitativa de la Constitución de los Estados Unidos.134 El tribunal federal de apelaciones sostuvo que esa ley de Alabama significativamente afectó la capacidad de un niño indocumentado para recibir una educación pública al obligarlo a divulgar su estatus migratorio y la de sus padres como requisito de matriculación.135 También se expresó preocupación por “el enjuiciamiento penal, acoso e intimidación que pudiera resultar al revelar el estatus migratorio de los niños”.136 El tribunal encontró que “la alta probabilidad de deportación o acoso al matricularse en la escuela disuade significativamente a los niños indocumentados de matricularse y de asistir a la escuela, lo cual es una violación de sus derechos según el caso Plyler. [Se le hizo énfasis a parte de este párrafo.]137 La matriculación y la asistencia de latinos en las escuelas del estado de Alabama bajó durante el periodo de tiempo que la ley estatal estuvo vigente.138 Después que esta ley anti inmigrante, que eventualmente fue declarada inconstitucional, fue promulgada ocurrió lo siguiente: 

[E]n una escuela primaria que contaba con 20% de latinos las maestras “entraron en modo de crisis … para ayudar a los niños que estaban llorando asustados … Una maestra en Birmingham describió como luchó para calmar a una niña pequeña que quería ir a casa inmediatamente para asegurarse que sus papás estaban bien, a pesar de que sus padres son residentes legales permanentes.”139 

Ya se escuchan historias similares a raíz de la elección de un presidente que amenaza con realizar deportaciones masivas.140 Dado estas amenazas actuales, hay razones de peso para justificar las políticas educativas estatales y locales que no permiten revelar el estatus migratorio ni la aplicación de leyes migratorias federales en las escuelas.141

También hay consideraciones similares para favorecer normas que protegen contra la aplicación de leyes migratorias en instituciones de educación superior y universidades. Muchos estudiantes indocumentados llegaron de niños por decisión de sus padres. Privarlos de la educación superior por el que tanto se esforzaron a través de los procesos de admisión competitivos, tendrían como resultado altos costos tanto para los estudiantes como sus familias y a la comunidad. Si la aplicación del orden público generalmente se prohíbe en estas instituciones, permitir la aplicación de leyes migratorias civiles basadas en el estatus migratorio potencialmente violaría la Protección Equitativa. Por ende, los gobiernos estatales y locales pueden ofrecerles a los estudiantes indocumentados las matrículas al costo de residentes estatales si reúnen los demás requisitos, una norma consistente con los principios de la Protección Equitativa descrita en Plyler.142

Otros tipos de protecciones para estudiantes de primaria, secundaria y hasta el nivel universitario incluyen políticas en contra del discurso y crímenes del odio. Esto se ha vuelto crítico para estudiantes inmigrantes desde las elecciones presidenciales en noviembre de 2016. El asesoramiento y educación comunitaria proactiva también se necesitan en estos momentos. De los 1,094 incidentes relacionados a la discriminación reportados en el mes después de las elecciones, la mayoría (226) ocurrieron en escuelas primarias y secundarias.143 Le siguieron incidentes en tiendas y restaurantes (203) y aquellos ocurridos en los campus de las instituciones de educación superior y universidades (172).144 Es crítico recordar que estos incidentes impresionan mucho: no sólo son anti latino, sino  también anti inmigrante, anti afro americano, anti musulmán, anti mujer, anti semita, anti asiático y anti LGBTQ. Varios de estos incidentes también incluían el uso de Swastikas.145

Está de más decir que los crímenes y discurso del odio son formas de discriminación que afectan y socavan la seguridad del ambiente escolar. Esto no sólo demuestra la necesidad de normas de protección contra los crímenes del odio, sino que también resalta más razones por las cuales protecciones prohibiendo la aplicación de leyes migratorias federales en las escuelas son realmente urgentes.146 Si se les permitiera a las instituciones educativas aplicar las leyes migratorias en las escuelas, el temor, acoso y crímenes del odio sólo irían en aumento. Considerando que las escuelas son lugares del aprendizaje, la seguridad y bienestar emocional de todos estudiantes deben ser prioridades. 
 

C.  Conclusiones y Recomendaciones

Inmediatamente después de la elección de un candidato presidencial que construyó su campaña sobre una plataforma de racismo y xenofobia, comunidades de inmigrantes a lo largo del país han experimentado un aumento dramático en los discursos y crímenes del odio. Estadísticamente y psicológicamente, los estudiantes de la escuela primaria han sufrido la peor parte de estos efectos. Muchas comunidades han respondido implementando cada medida posible para proteger a los más vulnerables, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, cuya seguridad se ve aún más amenazada debido a la intención del Presidente Electo Trump en deportar hasta 3 millones de personas. Manifestantes a lo largo y ancho del país quienes han prometido resistir a las deportaciones masivas, denunciar toda forma de discriminación y continuar acogiendo a los inmigrantes en la comunidad también apoyan un llamado alto y claro para que las jurisdicciones locales le ofrezcan santuario a los inmigrantes. Muchas jurisdicciones locales, iglesias y escuelas han respondido reafirmando y expandiendo sus políticas existentes, mientras que otros han respondido desarrollando nuevas políticas. Las comunidades alrededor del país se están sublevando para combatir el temor provocado por las posturas políticas de la administración federal entrante, y las amenazas que políticas de discriminan basado en la raza presentan para centenares de comunidades locales que creen en una democracia incluyente y acogedora. 

Este informe preliminar muestra las maneras en que los Estados Unidos y su sistema constitucional de federalismo y leyes anti discriminatorias puede sostener una gran variedad de normas locales en pro de los derechos migratorios, inclusive medidas para proteger a miembros de comunidad que están indocumentados de la aplicación de leyes migratorias federales draconianas. Debido a la supremacía de la ley federal, no se puede frenar la aplicación de leyes migratorias federales en su totalidad. Pero, políticas bien redactadas como limitar la captación de información sobre el estatus migratorio; rehusarse a honrar las órdenes de detención; ofrecer a los inmigrantes santuario para no ser víctimas de crímenes de odio o el blanco de perfiles raciales; y brindar ambientes educativos seguros y sin discriminación seguramente son constitucionales y dentro del poder de los gobiernos estatales y locales. En particular:

  • Políticas para resguardar información sobre el estatus migratorio son generalmente permitidas.
  • Se permite no honrar las órdenes de detención de ICE y hasta pudiera ser necesario para evitar la responsabilidad de cometer violaciones constitucionales.
  • Establecer acuerdos con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias federales pudiera resultar en responsabilidad por la implementación de vigilancia policial inconstitucional.
  • Se justifica implementar políticas para no participar en la aplicación de leyes migratorias y así evitar el uso de los perfiles raciales. 
  • Se deben rechazar amenazas de eliminar financiación federal que no esté atada a obligaciones para hacer cumplir las leyes migratorias federales por las consecuencias que tendrán.
  • Para evitar investigaciones federales, las jurisdicciones deben considerar cuidadosamente aceptar la financiación federal de SCAAP, la cual sólo reembolsa una fracción del costo de encarcelar a personas con órdenes de deportación.
  • La información sobre el estatus migratorio para propósitos de solicitar cuidado de saludo o seguro médico está protegida por leyes de privacidad y no debe ser proporcionada al gobierno federal.
  • Leyes estatales o locales cuyo objetivo es la aplicación de las leyes migratorias son prohibidas.
  • Debido a nuestro sistema de federalismo y dado la historia de la discriminación en los Estados Unidos, argumentos sobre los poderes estatales y locales con respecto a la auto determinación deben incluir la justicia racial.
  • Las políticas que protegen a los inmigrantes y otros de la discriminación son necesarias, tales como prohibir a la policía y autoridades locales de vivienda y empleo, entre otros, discriminar en base a la raza, país de origen, el idioma y el estatus migratorio inmigratorio; denuncias y advertencias públicas que los crímenes de odio serán sancionados; políticas con fuertes sanciones por incitar discursos que fomenten el odio (especialmente en las escuelas y otras instituciones públicas); y educación pública y capacitación relevante para empleados públicos. Declaraciones públicas de que la jurisdicción es un santuario también podría ser útil. 
  • La complejidad en aplicar las leyes migratorias a personas dentro del sistema de justicia penal demuestra la necesidad de reformar la justicia penal. Esto incluye acabar con el uso de perfiles raciales y el encarcelamiento masivo, disminuir la influencia de los lobistas o cabilderos representando a las prisiones privadas, descriminalizar a las ofensas no violentas que pudieran resultar en deportación, reducir las disparidades raciales en las condenas; e incrementar acceso a los defensores públicos, entre otras medidas.  
  • Las políticas que protejan información estatal relacionada a las sentencias y fechas de liberación de personas dentro del sistema de justicia penal podría ser útil. 
  • Las elevadas protecciones constitucionales para las escuelas demuestran que tanto pedir información sobre el estatus migratorio como la aplicación de leyes migratorias en estas instituciones violaría la protección equitativa. 
  • Las políticas educativas estatales y locales deberían proteger a las familias contra cualquier medida que generaría temor de revelar el estatus migratorio del niño o de sus padres. 
  • Dado que las instituciones religiosas han adquirido un estatus especial en nuestro país, los lugares de culto deben ser permitidos continuar proporcionando un santuario para personas indocumentadas.

NOTAS

  1. Ver Leigh Ann Caldwell, “El Equipo de Transición de Trump está Lleno de Extremistas Defensores de una Política Anti-Migratoria,” NBCNews.com, 11 de noviembre de 2016, disponible en http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-transition-team-fill....
  2. La visión de no violencia y de justicia social del Dr. Martin Luther King incluía el trabajar por una Comunidad Amorosa, donde “el racismo y todas las formas de discriminación, intolerancia y prejuicio fueran reemplazadas por un espíritu de inclusión y hermandad.” El Centro King, La Filosofía King: La Comunidad Amada, disponible en http://www.thekingcenter.org/king-philosophy#sub4. Su visión era global e incluyente de inmigrantes porque la justicia y la libertad de toda forma de discriminación es el derecho innato de todo ser humano al nacer. Id.
  3. Holly Yan, Kristina Sgueglia y Kylie Walker, ‘Hacer que América sea blanca de nuevo’: Discursos de Odio y Crímenes tras las Elecciones”, CNN.com, última revisión: 22 de diciembre de 2016, disponible en http://www.cnn.com/2016/11/10/us/post-election-hate-crimes-and-fears-trn... (más de 867 crímenes de odio reportados por Southern Poverty Law Center 10 días después de las elecciones del 8 de Noviembre de 2016, incluyendo “terribles episodios de racismo o antisemitismo, grafiti pro-Trump junto con amenazas o ataques a musulmanes”). Melanie Eversley, “Brote de crímenes de odio tras la elección peor a los ocurridos tras 11/9”, USA Today, 14 de noviembre de 2016, disponible en http://www.usatoday.com/story/news/2016/11/12/post-election-spate-hate-c....
  4. Miriam Jordan, “Jóvenes inmigrantes temen deportación bajo mandato de Trump,” Wall Street Journal, 20 de noviembre de 2016, disponible en http://www.wsj.com/articles/young-immigrants-fear-deportation-under-dona... (El presidente electo pudiera dar por terminado DACA, amparado a través de una acción ejecutiva federal del 2012, el cual permite a más de 750 mil inmigrantes indocumentados, quienes fueron traídos al país siendo niños menores de 16 años, a aplicar por un permiso de trabajo renovable por dos años y a una protección temporal de la deportación). Nueva legislación bipartidista podría ayudar a proteger a los actuales beneficiarios de DACA. Ver Seung Min Kim, “Graham prepara proyecto de ley para ‘Soñadores’”, Politico.com, 30 de noviembre de 2016, disponible en http://www.politico.com/story/2016/11/lindsey-graham-dreamers-bill-immig....
  5. Theodore Schleifer, “Donald Trump defiende la discriminación racial a raíz de atentados”, CNN.com, 20 de septiembre de 2016, disponible en http://www.cnn.com/2016/09/19/politics/donald-trump-racial-profiling/; Emily Stephenson, “Trump afirma que los Estados Unidos debería considerar la aplicación de perfiles raciales luego del tiroteo de Orlando”, Reuters, 20 de junio de 2016, disponible en http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-idUSKCN0Z50PV. 
  6. Carter Evans, “Inmigrantes, señalan el pasado, temiendo el impacto de los planes de deportación masiva de Trump,” CBS News, 10 de noviembre de 2016, http://www.cbsnews.com/news/immigrants-pointing-to-past-fear-impact-of-m.... Ver también Reuters, “Colaboradores tecnológicos juran no ayudar a Trump en la tarea de vigilar y deportar inmigrantes”, Fortune, 13 de diciembre de 2016, disponible en http://fortune.com/2016/12/13/tech-immigrants-trump/ (más de 100 empleados vitales de las más grandes compañías de tecnología estadounidenses juran no ayudar a la administración de Trump a construir una base de datos para vigilar a personas basándose en su raza, etnia, origen, color o religion ni dar apoyo en deportaciones masivas).
  7. Michelle Ye Hee Lee, “Los falsos comentarios de Donald Trump conectando a los inmigrantes mexicanos con el crimen”, Washington Post, 8 de julio de 2015, disponible en https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/07/08/donald-tr... (citando al candidato presidencial, transcripción literal: “ ‘Cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores. No envían gente como ustedes. No envían gente como ustedes. Están enviando gente con muchos problemas, y ellos nos están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas. Están provocando el crimen. Son violadores. Y algunos, asumo, son buenas personas.  – Magnate de bienes raíces Donald Trump, discurso de anuncio presidencial, 16 de junio de 2015”).
  8. Lauren Gambino, “Trump y los refugiados sirios en Estados Unidos: separando los hechos de la ficción”, The Guardian, 2 de septiembre de 2016, disponible en https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/02/donald-trump-syria-refug... Nick Allen & Ruth Sherlock, “Donald Trump: ‘Yo miraré a los niños sirios a la cara y les diré que no pueden venir”, The Telegraph, 9 de febrero de 2016, disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/donald-trump/12147515/After-to....
  9. Chris Riotta, “¿Donald Trump obligará a los musulmanes Ingresar en un Registro Nacional? La propuesta del equipo de transición da pie a un debate constitucional”, International Business Times, 19 de noviembre de 2016, disponible en http://www.ibtimes.com/will-donald-trump-require-muslims-enter-national-... ver también Jenna Johnson, “Trump hace un llamado a ‘una paralización total y completa de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos’”, Washington Post, 7 de diciembre de 2015, disponible en https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/12/07/donald-t... cf.; Jeremy Stahl, “Obama desmantela un programa que pudiera ser el prototipo de un registro para musulmanes,” Slate.com, 22 de diciembre de disponible en http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/12/22/obama_dismantles_contr... (“La administración de Obama anunció este jueves que estarían desmantelando un registro de visitantes inutilizado por mucho tiempo, destinado para a visitantes musulmanes o de países árabes. Un programa que el presidente electo Donald Trump ha indicado que pudiera revivir…  El programa, conocido como Sistema de Registro de Seguridad de Entrada y Salida o NSEERS, por sus siglas en inglés, inicialmente requería a hombres de 16 años en adelante provenientes de los países listados registrarse al llegar a Estados Unidos, tomando sus huellas dactilares y sometiéndose a un control regular con oficiales de migración”.). Ver también Michael Price & Faiza Patel, “El reinicio del registro musulmán o NSEERS sería inconstitucional,” LawFare, 22 de noviembre de 2016, https://www.lawfareblog.com/muslim-registry-or-nseers-reboot-would-be-un... (analizando la constitucionalidad y legalidad del NSEERS y de otras propuestas de “seguridad nacional” que discriminan en base a la raza/etnia o religión).
  10. Julie Hirschfield Davis y Julia Preston, “Lo que significaría el llevar a cabo la promesa de Donald Trump de deportar hasta 3 millones de inmigrantes.” New York Times, 14 de noviembre de 2016, disponible en http://www.nytimes.com/2016/11/15/us/politics/donald-trump-deport-immigr....
  11. Ver Yan, Sgueglia y Walker, supra n. 2 (que menciona flagrantes ejemplos de crímenes de odio e incidentes motivados por prejuicio que forman parte de una creciente lista reportada por CNN [para la definición de “crímenes de odio”, ver de la Oficina de Investigación de los Estados Unidos (FBI), What We Investigate: Hate Crimes, disponible en https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hate-crimes (última visita: 26 de diciembre de 2016)]: “Mesquitas reciben cartas con llamado a favor del genocidio. ‘Americans for a Better Way’ enviaron copias de una carta enviada al menos a cinco mezquitas en Califonia refiriéndose a los musulmanes como ‘gente sucia e infame y promoviendo el genocidio ….’  Hay un nuevo alguacil [sic] en el pueblo – el Presidente Donald Trump,’ se lee en la carta… ’El va a purificar a America y hacerla brillar nuevamente’, continúa. ‘Y va a empezar con ustedes musulmanes [sic]. Le va a hacer ustedes los musulmanes [sic] lo que Hitler le hizo a los judíos [sic]. Sería aconsejable que ustedes los musulmanes [sic] empacaran sus maletas y se largaran’”.; “‘Cartas de deportación’ fueron entregadas en escuelas. Un estudiante en Shasta High School en Redding, California, publicó vía Twitter un video de si mismo entregando a una docena de estudiantes cartas con la palabra ‘deportación’ escrita en la parte superior” [.]; “Grafiti con temática Nazi en Filadelfia. En la ventana de cristal de un edificio en la calle South Broad, alguien pintó con aerosol las palabras ‘Sieg Heil 2016’ (Victoria y Salvación en alemán) y ‘Trump’ – en donde la T de Trump había sido reemplazada por una suástica –”[.]; “Grafiti en escuela secundaria: ‘Trump,’ ‘Sólo Blancos,‘América Blanca’.  El estudiante Moses Karngbaye de una escuela secundaria en Minnesota dijo hallarse aterrorizado al ver garabateado en el baño un grafiti racista. Alguien había escrito en un dispensador de papel higiénico ‘#Regresen a África’ y ‘Vamos a hacer a América grandiosa otra vez’ … La puerta del baño también había sido cubierta con grafiti que incluía ‘Sólo Blancos’, ‘América Blanca’ y ‘Trump’”.; “‘Construyan el muro’ coreado en una escuela secundaria durante un torneo. Durante la preparación previo a un torneo regional de voleibol en el noroeste de Texas, algunos estudiantes dijeron ser víctimas de ofensas racistas que aludían a su etnia. ‘Cuando decía “Construyan el muro” y sostenían el cartel con el nombre de Trump, sabíamos que era dirigido a nosotros’, … La mayoría de los estudiantes de la escuela son hispanos”.; “‘Regresa a tu casa’ garabateado en un carro.  El auto de una familia puertorriqueña fue vandalizado y rayado con las palabras ‘Trump’ y ‘Regresa a tu casa’ el 17 de noviembre en West Springfield, Massachusetts …  Jorge Santiago, veterano del ejército quien ha servido en dos misiones en el extranjero lo notó tras dejar a su hija en el bus que la llevaría a la escuela”.).
  12. Update: 1,064 Bias-Related Incidentes Relacionadas al Prejuicio en el Mes Después de la Elección, Southern Poverty Law Center, (SPLC), 16 de diciembre de 2016 [en adelante “Informe SPLC”], disponible en https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/12/16/update-1094-bias-related-.... (“Totalidad de incidentes anti inmigrantes (315) siguen siendo los más reportados, seguidos por incidentes contra los negros (221), anti musulmanes (112) y en contra la comunidad LGBT (109). Incidentes anti Trump ascienden a 26 (6 de lo cuales eran también por naturaleza en contra de los blancos con dos incidentes en contra de los blancos no relacionados a Trump)”.)
  13. Ver la Sección A para una lista de las diversas políticas de santuario que ofrecen protección a las comunidades de inmigrantes.
  14. Ver Sección B.1(a) para posterior discusión.
  15. Jasmine C. Lee, Rudy Omri y Julia Preston, “Que son ciudades santuario?”, New York Times, 3 de septiembre de 2016, disponible en http://www.nytimes.com/interactive/2016/09/02/us/sanctuary-cities.html (analizado a partir de datos del Immigrant Legal Resource Center).
  16. El término santuario data de los años 1980 cuando las iglesias y jurisdicciones locales decidieron proteger a los refugiados centroamericanos huyendo de la violencia que no había sido otorgados asilo por parte del gobierno de Estados Unidos. Ver, e.g., Huyen Pham, “The Constitutional Right Not to Cooperate? Local Sovereignty and the Federal Immigration Power”, Univ. de Cincinnati L. Rev. 1374, 1382-84 (2006). El concepto tiene sus orígenes en las Iglesias abolicionistas y en algunos estados del norte que proporcionaban santuario a antiguos esclavos. Ver Allan Colbern, ENSAYO BORRADOR: “Regulating Movement in a Federalist System: Slavery’s Connection to Immigration Law in the United States” (disponible en 2016), en 19-25, disponible en http://www.allancolbern.com/uploads/2/6/5/4/26549732/colbern-regulatingm..., citado con el permiso del autor.  
  17. Ver discusiones y fuentes citadas en la Parte B, infra.  Ver también Alex Dobuzinskis & Joseph Ax, “Los alcaldes de Nueva York y Los Angeles se compromenten a seguir siendo ciudades santuarios para inmigrantes”, Reuters.com, 10 de noviembre 2016, disponible en http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-sanctuarycities-idUSKB... Jennifer Medina, “California sopesa medidas de protección para inmigrantes amenazados por las políticas de Trump”, New York Times, 4 de diciembre de 2016, disponible en http://www.nytimes.com/2016/12/04/us/california-to-consider-laws-to-prot... (la legislación propuesta incluye apoyo legal gratuito para inmigrantes indocumentados durante sus procesos de deportación, asistencia adicional en el juzgado penal y más limitaciones a la cooperación entre agentes federales de inmigración y oficiales locales. La nueva ley irá incluso más lejos que la actual La Ley de Confianza promulgada en 2014, la cual prohíbe retener a inmigrantes en cárceles locales más allá de lo requerido por la ley penal, salvo excepciones relacionadas con crímenes violentos u otros delitos serios, y prohíbe a todas las agencias de orden público locales y estatales de responder a las órdenes de detención de las autoridades de inmigración.). Para ver un ejemplo de políticas institucionales de santuario en la enseñanza superior, Teresa Watanabe, “UC no ayudará a agentes federales en temas migratorios relacionado a estudiantes”, L.A. Times, 30 de noviembre de 2016, disponible en http://www.latimes.com/local/education/la-me-ln-uc-undoc-student-protect... (haciendo hincapie que el sistema de la Universidad de California “se rehusaría a darle apoyo a los agentes federales de inmigración; no entregarían registros confidenciales sin una orden de la corte ni darían información para cualquier registro nacional basado en la raza, país de origen o religión”.).
  18. En 1960, el 75% de los inmigrantes provenían de Europa, mientras que en 2012, solo representaban el 11.8%.   Center for American Progress, The Facts on Immigration Today, 23 de octubre de 2014, disponible en https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2014/10/23/5... Esta “Transformación Demográfica” en la cual la mayoría de los inmigrantes ya no son identificados como “blancos” o provenientes de Europa, está ligada a campañas basadas en la xenofobia  que apoyan políticas migratorias restrictivas y el fracaso del Congreso de promulgar una reforma migratoria integral que solucione los problemas del sistema. Ver, ej., Katherine Culliton-González, Nacido en las Américas: Ciudadania por Nacimiento y Derechos Humanos, 25 Harvard Human Rights Law Journal, 127, 150-54 (Primavera de 2012). Por otra parte, la criminalización de los inmigrantes ha agudizado las disparidades raciales.  Ver, e.g., Kevin Johnson, “Doble Impacto de la Discriminación Racial: Los Impactos Raciales y Discriminatorias de Deportaciones Basadas en Crimen”, 66 Case Western Reserve L. Rev. 994, 1000-01, 1002, 1017 (2016) (los extranjeros de color son los que más se han visto afectados por crecientes traslados a sus países de origien, producto del fracaso de una reforma migratoria integral); Doris Marie Provine & Roxanne Lynn Doty, “La Criminalización de los Inmigrantes como un Proyecto Racial”, 27 J. Contemp. Crim. Just. 261 (2011) (explorando cómo las políticas de inmigración contemporáneas “refuerzan ansiedades raciales”); ver también Mariela Olivares, “Intersectionality at the Intersection of Profiteering and Immigration Detention”, 94 Neb. L. Rev. 963, 1010-12  (2015) (revisando políticas migratorias federales y estatales promulgadas durante 1965-2015, incluyendo “Comunidades Seguras” y el proyecto de ley 1070 de Arizona observando que esfuerzos históricos y contemporáneos más recientes resaltan el hecho de que, a pesar que las leyes federales y estatales no incluyen de forma explícita medidas prohibitivas raciales o etnocéntricas, la consecuencia práctica de las leyes y las políticas es oprimir de forma desigual a los inmigrantes de color, particularmente a los latinos”.) .
  19. Entre otras amplias reformas, la ley de Reforma y Responsabilidad Migratoria de 1996 (IIRIRA) modificó la ley a tal grado que en vez de posibilitar un “ajuste de status” las personas que estuvieran presentes en los Estados Unidos con una condición migratoria ilegal podían obtener una restricción de entrada al país por 10 años. (Aquellos que estuvieran “ilegales” de 6 meses a un año, obtendrían una restricción de entrada de tres años.) Ver, ej., Henry J. Chang, Previamente Deportados o Inmigrantes Con Presencia Ilegal, U.S. Immigration Law Center, en http://www.americanlaw.com/exclud9A.html (discusión sobre el nuevo INA §212(a)(9)(B)(i)(I) & §212(a)(9)(B)(i)(II) que el IIRIRA promulgó y se hizo efectivo el primero de abril de 1997).
  20. Para los puntos (1) – (9), ver, ej., National Immigration Law Center (NILC), Los Estados Rechazan a Medidas de Dar Fuerza a las Leyes de Inmigración y Avanzan Políticas Inclusivas en 2016 (2016), disponible en https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2016/10/states-advance-inclusive...
  21. Ver, ej., Dakota Smith y Cindy Carcamo, “Respondiendo a Trump, L.A. propone un fondo de defensa legal para inmigrantes que enfrentan deportación”, L.A. Times, 19 de diciembre de 2016, disponible en http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-lafund-20161219-story.html. En este artículo, Ingrid Eagly, profesora de leyes de UCLA aparentemente consideró que ella no ve ningún riesgo para la ciudad y el condado en usar el dinero del contribuyente para el programa”. Id.  
  22. Ver fuentes y discusión en las notas 3-11, supra.
  23. Ver Printz v. U.S., 521 U.S. 898 (1997); New York v. U.S. 505 U.S. 144, 181 (1992).
  24. Examinar de qué manera y cuando los gobiernos estatales y locales pudieran proteger a los inmigrantes indocumentados también depende de las leyes estatales y locales, pero este estudio se limita a explicar los parámetros legales federales.  
  25. Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492, 2497-8 (2012);)[en adelante “Arizona v. U.S.”]); ver también De Canas v. Bica, 424 U.S. 351, 354 (1976)  (“El poder para regular la inmigración es indiscutiblemente un poder federal”.); Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 753, 767 (1972) (El Congreso tiene plenos poderes para hacer leyes que admitan extranjeros, excluyendo a aquellos que posean ciertas características que el mismo Congreso ha prohibido”.) (las citas internas han sido omitidas); Takahashi v. Fish and Game Commission, 334 U.S. 410, 416 (1948) (“La autoridad para controlar inmigración— admitiendo o excluyendo extranjeros [sic.]— ha sido conferida exclusivamente al gobierno federal”.); Oceanic Navigation Co. v. Stranahan, 214 U.S. 320, 339 (1909) (“en ningún otro tema es el poder legislativo del Congreso más pleno que para la admisión de inmigrantes a los Estados Unidos”). 
  26. Esta autoridad depende en parte del poder federal legislativo del Congreso, en virtud de la Constitución para establecer una Regulación de Naturalización uniforme”, U.S. Const. art. I, § 8, así como el poder soberano del gobierno federal en sus relaciones con otras naciones extranjeras, porque es “fundamental” que otras naciones extranjeras sean capaces de comunicarse sobre asuntos de relaciones exteriores con un sólo gobierno federal en lugar de con 50 estados.  Arizona v. U.S., supra, en 2498. Los oficiales migratorios federales tienen amplias facultades discrecionales y la responsabilidad de “identificar, aprehender, trasladar” a inmigrantes indocumentados, inclusive pueden determinar de ser necesario, si tiene sentido proseguir con la deportación. Id. en 2499-500 (las citas internas han sido omitidas).
  27. Hispanic Interest Coalition of Alabama (HICA) v. Governor of Alabama, 691 F.3d 1236, 1245 (11th Cir. 2012) [en adelante, “HICA v. Gov. of Alabama”], cert denegada, 133 S. Ct. 2022 (2013); Arizona v. U.S., supra n. 25; ver también De Canas v. Bica, supra n. 25.
  28. La Corte Suprema ha sostenido que:
    El federalismo, un tema central al diseño constitucional, adopta el principio de que el gobierno Nacional y de los Estado tienen elementos de soberanía que el otro está destinado a respetar. Arizona v. U.S., supra. en 2500.

    En el análisis preventivo, las cortes deberán asumir que ‘los poderes policiales históricos de los Estados’ no serán suplantados a menos que haya un propósito claro y manifiesto por parte del Congreso’. Id. en 2501 (las citas internas han sido omitidas)
  29. “El poder policial” para proteger la salud y la seguridad son primordial, e históricamente, …. tema[s] de carácter local.” Hillsborough County v. Automated Medical Laboratories, Inc., 471 U.S. 707, 719 (1985). La Corte Suprema ha dictaminado que “los Estados han gozado tradicionalmente de gran libertad en lo que se refiere a los poderes de su policía para legislar sobre la protección de vidas, miembros, salud, bienestar y tranquilidad para todas las personas.” Metropolitan Life Ins. Co. v. Massachusetts, 471 U.S. 724, 756 (1985) (las marcas de comillas internas han sido omitidas). Por ejemplo, “los Estados poseen amplia autoridad, conferidas a su poder policial, para regular a sus trabajadores dentro del Estado. La Ley de Trabajo Infantil, la legislación de salarios mínimos y otras regulaciones salariales, las leyes que afectan la salud y seguridad ocupacional… son solo algunos ejemplos.” DeCanas v. Bica, supra n. 25, 424 U.S. en 356.  
  30. Una declaración del American Immigration Law Association (AILA), Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Comité Judicial, Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza, Audiencia sobre Ciudades Sanctuario, 21 de julio de 2015, [en lo sucesivo “el Testimonio AILA”], en 2.
  31. Ver, ej. Lynn Tramonte, Debunking the Myth of Sanctuary Cities: Community Policing Protects American Communities, Immigration Policy Center, Informe Especial, abril de 2011 [en lo sucesivo “Programa Comunitario de Vigilancia”] en 6-7 (Int’l. Association of Police Chiefs, Major Cities Chiefs Association, the Police Foundation y Police Executive Research Forum se oponen a la cooperación de la policía local con la ley federal de inmigración, dado que socavaría la seguridad pública).
  32. El Testimonio AILA, supra n. 30, en 2; ver también testimonio de Leslye E. Orloff ante una audiencia Ad‐Hoc del Congreso: Asuntos emergentes para poner fin a la violencia en contra de la mujer inmigrante (10 de febrero de 2011) en 5 (testificando que entre las mujeres inmigrantes existe una gran reticencia a contactar a la policía si temen que ellas o sus niños pueden ser deportados; recomendación para todas las jurisdicciones estatales y locales para que adopten políticas que promuevan reportar delitos en comunidades de inmigrantes sin temor a ser deportadas).
  33. Sobre el federalismo, la Corte Plyler dictaminó, que, dado que la decision de si se debe deportar o no a alguien estaba dentro la jurisdicción exclusiva del gobierno federal, no había razón para negar acceso a la educación para el niño mientras permaneciera en los Estados Unidos. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 225-26 (1982).
  34. Un estudio empírico que analiza el impacto económico de leyes anti inmigrantes, encontró que dichas leyes provocan una reducción de 1-2% en los empleos, es decir de 337 a 675 trabajos perdidos como promedio por condado y que las planillas disminuyeron entre el 0.8 y el 1.9%.  Esta disminución en empleos está reflejada tanto en trabajadores autorizados como no autorizados”. Huyen Pham & Van Hoang Van, “El Impacto Económico de la Regulación Local de la Inmigración: Un Análisis Emperica”, 32:2 Cardozo L. Rev. 485 (2010); ver también, American Immigration Council (AIC), Mal por los Negocios: Como la Legislación Anti-Inmigrante Drena a los Presupuestos y Daña a las Economías Estatales, 4 de junio de 2012, disponible en https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/bad-business-how-ant.... (Por ejemplo: “Si todos los inmigrantes no autorizados en California fueran sacados, el estado perdería $301.6 billones en actividad económica, habría una reducción del 17.4% en empleos, y una eliminación de 3.6 millones de plazas de trabajo.”)
  35. Ver discusión y fuentes citadas en la Sección B.3, infra.
  36. Ver discusión y fuentes citadas en la Sección B.2, infra.
  37. Memo, Inspectro General del Departamento de Justicia, Acerca de la Referencia DOJ donde se Alegan Potenciales Violaciones de 8 8 U.S.C. § 1373 por Beneficiarios de Subvenciones (31 de mayo de 2016) (una discusión sobre una investigación del Congreso) [en adelante “Memo del Inspector General DOJ”] disponible en https://oig.justice.gov/reports/2016/1607.pdf.
  38. El Lobby Natavista: Tres Caras de la Intolerancia, Southern Poverty Law Center, 31 de enero de 2009, disponible en https://www.splcenter.org/20090201/nativist-lobby-three-faces-intoleranc...
  39. Memo del Inspector General DOJ, supra n. 37. 
  40. El texto de 8 U.S.C. § 1373 es la única invalidación expresa, ya que 8 U.S.C. § 1644 codifica el mismo lenguaje que está en la subsección (a) de 8 U.S.C. § 1373, en el capítulo del código de inmigración federal que restringe los beneficios públicos y de bienestar social para los inmigrantes. 8 U.S.C. §1644. Nótese que la Sección 287 (g) de la ley federal de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que le permite a las autoridades locales del órden público establecer contratos voluntarios para colaborar con el gobierno federal no es una medida que invalide regulaciones estatales o locales. Para más sobre la Sección 287(g) ver los textos y fuentes en la Sección B.2(a) & notas 96-99, infra.
  41. 8 U.S.C. § 1373(a).
  42. 8 U.S.C. § 1373(b).
  43. Entre las políticas de santuario revisadas por el Inspector General de Departamento de Justicia, “ninguna restringe de forma explícita el compartir el estatus migratorio con ICE”. Memo del Inspector General DOJ, supra n. 37 en 8 (Cook County (IL), Orleans Parish (LA), Filadelfia y Nueva York). Con respecto a las políticas de santuario, se les está solicitando a 140 jurisdicciones demostrar cómo están en cumplimiento con 8 U.S.C. § 1373, porque el Inspector General “cree que esas políticas y otras similares pudieran estar haciendo creer a oficiales locales que es necesario aplicar las políticas de forma tal que prohiba o restrinja en todo aspecto la cooperación con ICE.” Id. (énfasis añadido). Añadió que si estas jurisdicciones están en contradicción con el 8 U.S.C. § 1373, no solo perderán sus fondos federales, sino que además enfrentarán procesos federales civiles o penales. Id. en 9.  
  44. Ver, ej., Jennifer Medina y Jeff Bisgood, “Ciudades prometen luchar contra Trump en el tema de inmigración, incluso si pierden millones”, New York Times, 27 de noviembre de 2016, disponible en http://www.nytimes.com/2016/11/27/us/cities-vow-to-fight-trump-on-immigr... Rowena Lindsay, “Alcaldes de las principales ciudades prometen proteger a inmigrantes indocumentados”, Christian Science Monitor, 15 de noviembre de 2016, disponible en http://www.csmonitor.com/USA/2016/1115/Big-city-mayors-pledge-to-protect... (Trump prometió que el el primer día de su mandato, recortaría el financiamiento de ciudades santuario, pero los alcaldes de destacadas ciudades santuario “han prometido seguir sirviendo a la población de sus ciudades sin importar su estatus migratorio y afirman que no coordinarán acciones con oficiales migratorios federales en relación a este tema”.) 
  45. City of New York v. United States, 97 F. Supp. 789 (1997).
  46. Id. en 792.
  47. Id.
  48. Id. en 793.
  49. Id. en 795 [énfasis añadido]
  50. 8 U.S.C. § 1373(a).
  51. 8 U.S.C. § 1373(b).
  52. Como respuestas, el 11vo Circuito de la Corte de Apelaciones consideró que las disposiciones estatales o políticas locales de privacidad puede que no sean suficientes para prevenir que el gobierno federal solicite de forma exitosa información sobre el estatus migratorio. HICA v. Gov. Alabama, supra n. 27, 691 F.3d en 1248 (“Cualquier texto que prohibe revelar el estatus migratorio de los niños y sus familias no es consuelo cuando la ley federal puede hacer la solicitud, cuando así lo requiera. Por lo tanto, los posibles riesgos de revelar el estatus ilegal de niños de edad escolar no son atenuados por las pocas efectivas restricciones de privacidad de la sección 28”.).
  53. Ver discusión & fuentes citadas en la Sección B.2.
  54. HICA v. Gov. Alabama, supra. n. 27, 691 F.3d en 1247 (citando casos).
  55. Ver Spencer E. Amdur, “El Derecho al Rechazo: La Aplicación de las Leyes de Inmigración y el Nuevo Federalismo Cooperativo,” 14 de diciembre de 2016, Yale Law & Policy Review, Vol. 35 (próximamente) disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2824241 (bajo la jurisprudencia anti-extorsión enunciada en Nat’l Fed’n of Indep. Bus. (NFIB) v. Sebelius, 132 S. Ct. 2566, 2602 (2012) (que prohíbe medidas financieras tan extorsionantes que se pueden comparar con una pistola apuntada a la cabeza de un estado o de un gobierno local, basadas en una jurisprudencia anti-requisa articulada por el fallecido magistrado conservador de Justicia Antonin Scalia en Printz v. United States, 521 U.S. 898 (1997) y New York v. United States, 505 U.S. 144, 181 (1992), negar el acceso a los Bloques de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario (CDBGs, por sus siglas en inglés) o a fondos federales, los cuales no tienen nada que ver con inmigración o la aplicación de la ley migratoria probablemente sería una expansión del poder federal sobre los estados y municipalidades, que además de insconstitucional estaría en contravención de la Décima Enmienda).
  56. Ilya Somin, “Federalismo, la Constitución y ciudades santuario”, Washington Post, 26 de noviembre de 2016, disponible en https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/11/26/fede....  
  57. Erwin Chemerinsky, Annie Lai y Seth Davis, “Trump no puede forzar a las ‘ciudades santuario’ a aplicar su plan de deportación”, Washington Post, 22 de diciembre de 2016, disponible en https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-cant-force-sanctuary-citie....
  58. Id.; ver también Printz v. U.S., 521 U.S. 898, 921 (1997) (citando Gregory v. Ashcroft, 501 U.S. 452, 458, 111 S. Ct. 2395, 2400, 115 L. Ed. 2d 410 (1991)) (“De la misma manera que la separación e independencia de los poderes coordinados del Gobierno Federal sirven para prevenir la acumulación de poder excesivo en cualquiera de las ramas, un balance sano de poderes entre los Estados y el Gobierno Federal, contribuye a reducir el riesgo de tiranía y abuso de poder de cada lado”.).
  59. AIC, Violence Against Women Act (VAWA) Provides Protections for Immigrant Women and Victims of Crime, Immigration Policy Center, mayo de 2012, disponible en https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/....  
  60. Ver Sección B.1(e), infra.
  61. Ver Tramonte, Programa Comunitario de Vigilancia, supra. n. 31.
  62. Ver, ej., El Testimonio de AILA, supra n. 30.
  63. 8 U.S.C. §1231(i)(3).
  64. Una petición para tal acuerdo debe ser iniciada por el  “Primer Oficial Ejecutivo ” de la jurisdicción estatal o local. 8 U.S.C. §1231(i)(1).
  65. El índice de reembolso del año fiscal FY 2005 fue aproximadamente del 33%. Informe de Congressional Research Service, Immigration: Frequently Asked Questions on the State Criminal Alien Assistance Program, 25 de enero de 2007, en 2.
  66. Ver, ej., Erin Kelley, “El Congreso elimina los fondos para la encarcelación de inmigrantes criminales indocumentados”, USA Today, 16 de enero de 2014, disponible en http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/01/16/undocumented-immi.... (“Los Estados más afectados estarán por contar con un gran número de inmigrantes indocumentados cumpliendo condenas en prisiones estatales son Arizona, California, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Texas”.).
  67. Ver Memo del Inspector General DOJ, supra n. 37.
  68. Conocer Sus Derechos: ¿Está Seguro Aplicar para el Seguro de Salud o Buscar Cuidado Médico? : , National Immigration Law Center, 30 de noviembre de 2016, citando la Sección 1411(g) de la Ley de Cuidado Médico Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) y el documento Clarificación de prácticas existentes relacionadas a algunas informaciones del cuidado de la salud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), disponible en inglés www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf y en español www.ice.gov/espanol/factsheets/aca-memoSP.
  69. Id.
  70. Id.
  71. Ver, ej., Pham, “El Derecho Constitucional a No Cooperar – La Sobernía Local y el Poder Federal de Inmigración,” supra n. 16.
  72. Ver, ej., Sanam Malik, Las Vidas Peligrosas y las Traumas de los Refugiados de la América Central, Center for American Progress, 13 de septiembre de 2016, https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2016/09/13/1440....
  73. Laurie Goodstein, “Las lugares de culto están preparadas para servir como santuario para inmigrantes en la era Trump”, New York Times, 27 de diciembre de 2016.
  74. SanctuaryMovement.org (última visita: 29 de diciembre de 2016).
  75. John Morton, Director de ICE, Memorandum sobre Acciones de Dar Fuerza donde o enfocado en Lugares Sensibles, 24 de octubre de 2011, disponible en https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/10029.2-policy.pdf. 
  76. Id. en 1-2.
  77. Arizona v. U.S., supra n. 25, en 2501-2507 (abolió grandes porciones de la ley anti inmigrante de Arizona).
  78. Id. en 2505.
  79. Ver id. en 2499 (“Remoción es un asunto civil, no penal”.), 2509 (“Las cortes estatales pueden concluir que, a no ser que una persona continúe siendo sospechosa de un crimen, por el cual pueda ser arrestada por oficiales del Estado, no sería razonable prolongar su detención para interrogatorios migratorios”.); ver también Santos v. Junta de Comisionados del Condado de Frederick, 725 F.3d 451, 465 (4to Cir. 2013) cert. denegada, 134 S. Ct. 1541 (2014) [en adelante “Santos v. Condado de Frederick”] “salvo declaración expresa o autorización de oficiales federales o por ley federal, los agentes policiales locales o estatales no podrán detener ni arrestar a un individuo basado únicamente en el conocimiento o sospecha de una violación civil de la ley migratoria federal”).  
  80. Ver casos y discusión en Sección 2(a), infra.
  81. Ver Fuentes citadas supra notes 55-57. Para una discusión sobre los estatutos de “gobierno autónomo”, facultades de la autoridad policial de la municipalidad e integración de comunidades de inmigrantes al nivel municipal, ver Lynn A. Baker & Daniel B. Rodriguez, “Reglas Caseras Constitucionales y Examinación Judicial,” 86 Denv. U. L. Rev. 1337 (2009) (que explora el concepto de deferencia judicial al gobierno autónomo y las facultades de las municipalidades de gobierno local para velar por la salud y seguridad de sus residentes); Cristina M. Rodriguez, “The Significance of the Local in Immigration Regulation,” 106 Mich. L. Rev. 567, 581-80 (2008) (que explora el rechazo de gobiernos locales en cumplir con las órdenes de detención y protecciones locales diseñadas para promover la salud, seguridad, bienestar e inclusión).
  82. Ver e.g., Shelby County v. Holder, 570 U.S. __, 133 S. Ct. 2612, 2623 (2013). Al revocar las cláusulas de supervisión de la Ley de Derecho de Voto por supuestamente no estar basada en las “actuales condiciones” de continuada discriminación racial en el voto, la Corte de Roberts también respaldó sus argumentos en gran medida en los derechos de los estados; tuvo incluso que volver a la era de Jim Crow para encontrar apoyo a su opinión en casos federales recientes sobre el derecho de voto. (“No solo retienen los estados soberanía bajo la constitución, sino que hay también un principio fundamental de soberanía equitativa” entre los Estados. Northwest Austin, supra en 203, 129 S.Ct. 2504 (citando United States v. Louisiana, 363 U.S. 1, 16, 80 S.Ct. 961, 4 L.Ed.2d 1025 (1960); Lessee of Pollard v. Hagan, 3 How. 212, 223, 11 L.Ed. 565 (1845); y Texas v. White, 7 Wall. 700, 725–726, 19 L.Ed. 227 (1869); (énfasis añadido). Hace más de cien años, esta corte explicó que nuestra nación ‘era y es una unión de estados, iguales en poder, dignidad y autoridad’. Coyle v. Smith, 221 U.S. 559, 567, 31 S.Ct. 688, 55 L.Ed. 853 (1911).”).
  83. Ver Kevin R. Johnson y Joanna E. Cuevas Ingram, “Anatomía de Linchamiento Moderno: La Relación de Crímenes de Odio contra Latino(a) y el Debate sobre la Reforma Migratoria,” 91 N.C. L. Rev, 1613, 1642, n. 145 (2013) (citando fuentes, destaca el papel que pueden desempeñar los gobiernos locales para proteger a las comunidades de inmigrantes rehusándose a honrar órdenes de detención federales, en el contexto de una discussión más amplia en lo referente a combatir crímenes de odio y otras formas de discriminación contra comunidades inmigrantes ante la ausencia de una reforma migratoria federal integral).  
  84. Pratheepan Gulasekaram y S. Karthick Ramakrishnan, El Nuevo Federalismo de Inmigración 191 (Cambridge Univ. Press, 2015). Evidencia empírica de una política subfederal pro-inmigrante y restrictiva revela que “una estructura legal basada en la preocupación por la discriminación racial y una doctrina de protección equitativa es más adecuada o consciente del federalismo migratorio que aquellas políticas basadas en metodologías de invalidación o supremacía de ley”. Id. en 10. “El nuevo federalismo migratorio clama por normas jurídicas basadas en la igualdad”. Id. en 191
  85. Allan Colbern, ENSAYO BORRADOR: “Regulando Movimiento en un Sistema de Federalismo: La Connección entra la Esclavitud y las Leyes de Inmigración en los Estados Unidos,” disponible en 2017, disponible en http://www.allancolbern.com/uploads/2/6/5/4/26549732/colbern-regulatingm..., citado con el permiso del autor. La revisión histórica de leyes santuario estatales para inmigrantes y “esclavos fugitivos” en la era Antebellum revela que, así como las cortes federales han avalado leyes estatales que garantizan no aplicar leyes esclavistas y velaban por la igualdad e inclusión de antiguos esclavos, de igual forma hay leyes locales y estatales que se oponen al cumplimiento de órdenes de detención federales y que promueven medidas pro-inmigrantes e integracionistas.Id. en 5 (Tabla 3). Estas medidas estatales positivas diferían de leyes federales restrictivas, de ahí el término “federalismo conflictivo.” Id. en 22.
  86. Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954)
  87. Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886).
  88. De Canas v. Bica, supra n. 25; League of United Latin American Citizens v. Wilson, 908 F. Supp. 755 (C.D. Cal. 1995), on reconsideration in part, 997 F. Supp. 1244 (C.D. Cal. 1997), 131 F.3d 1297 (9no Cir. 1997); Estatuto Iniciativa, Proposición 187, 1994 Cal. Legis. Serv. (West) (codificada en Cal. Educ. Code § 48215(a) (West Supp. 1995); Cal. Health & Safety Code § 130(a) (West Supp. 1995); Cal. Welf. & Inst. Code § 10001.5 (West Supp. 1995)) (el estado abolió casi toda la proposición que hubiera restringido a los residentes indocumentados de tener acceso a programas públicos por ser hallada inconstitucional, el 9no Circuito la afirmó en parte y devolvió varias cláusulas para mayor deliberación). En 1999, El gobernador  Gray Davis (D) retiró la apelación, dejando sin efecto la ley; y como un acto simbólico en 2014, la Legislatura de California eliminó de los códigos de Educación, Salud y Seguridad y Bienestar Social, las partes de la Prop. 187 que podrían ser objeto de cumplimiento. Patrick McGreevy, “El Gobernador Brown aprueba un proyecto de ley derogando las partes no exigibles de la Prop 187”, L.A. Times, 15 de septiembre de 2014, disponible en http://www.latimes.com/local/politics/la-me-pol-brown-bills-20140916-sto... Patrick McGreevy & Phil Willon, “El Gobernador Brown deroga las partes no exigibles de la Prop 187”, L.A. Times, 15 de septiembre de 2014, disponible en http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-gov-brown-repeals-unenfo...
  89. Arizona v. U.S., supra n. 25, en 2501-2507 (revocando partes importantes).
  90. Ver Meledres v. Maricopa County, 989 F.Supp.2d 822 (2013) (que prohibía al Alguacil Arpaio y a sus oficiales detener o arrestar latinos basándose únicamente en la creencia razonable de que estaban en el país ilegalmente, usar el factor raza como determinante para detener a un vehículo ocupado por un latino, y detener a latinos por más tiempo de lo razonablemente necesario para resolver una infracción de tránsito sin sospecha razonable de que ellos estuvieran violando las leyes penales estatales o federales). Basado en inquietudes de incumplimiento, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) intervino y demandó por separado en 2015, y la corte concedió una sentencia sumaria en el caso de prácticas policiales discriminatorias de DOJ. United States v. Maricopa County, No. 2:12-cv-00981-ROS (D. Ariz., 15 de junio de 2015) (que requería reformas para poner fin a las prácticas de perfil racial del patrullaje de inmigración). En 2016, la Corte de Apelaciones del 9no Circuito halló que el Alguacil Arpaio y sus altos oficiales estaban en desacato, y más recientemente éste perdió su campaña por la re-elección, y apeló la declaración de desacato. Jonathan Stempel, “El Alguacil Arpaio Solicita a la Corte de Apelación Anular el Veredicto de Desacato,” Reuters, 29 de diciembre de 2016, disponible en http://www.reuters.com/article/us-arizona-arpaio-idUSKBN14I1YV.  La Apelación Civil del 27 de diciembre de 2016 es Ortega v. Arpaio, No. 16-16663 (9no Cir. 2016). El caso penal de desacato es Estados Unidos States v. Arpaio, en la Corte del Distrito de Arizona, No. 16-cr-01012.
  91. HICA v. Gov. Alabama supra n. 27.
  92. Devuelto por la Corte Suprema para revisión tras la decisión en Arizona v. U.S. (supra n. 25), el 3er Circuito halló que las políticas de empleo y vivienda de Hazelton era inconstitucionales, bajo la clara doctrina de derecho preferente, recientemente establecida en el caso Arizona. Lozano v. City of Hazelton, 724 F.3d 297 (3er Cir. 2013).
  93. Lozano v. Ciudad de Hazleton, 496 F.Supp.2d 477 (M.D. Pa. 2007) (que encuentra violaciones a la cláusula de Supremacía y Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de los Estados Unidos, así como también, 42 U.S.C. § 1981 (la Sección del Código de Estados Unidos que defiende la protección equitativa y la protección contra menoscabo), aff’d 620 F.3d 170 (3er Cir. 2010), dejó vacante y lo devolvíó para consideración, 563 U.S. __, 131 S. Ct. 2958 (2011).
  94. Villas at Parkside Partners v. Ciudad de Farmers Branch, Texas, 675 F.3d 802 (5to Cir. 2013) (en banc), cert denegado 134 S. Ct. 1491 (2014). 
  95. Id. en 543 (5to Cir. 2013) (Jueces de Circuito Reavley y Graves, coincidiendo solo en la sentencia).
  96. Santos v. Condado de Frederick, supra n. 79, 725 F.3d en 465 (que sostiene que “salvo dirección expresa o autorización de oficiales o estatutos federales, oficiales policiales estatales o locales, no podrán detener o arrestar a ningún individuo basándose únicamente en el conocimiento o sospecha de violaciones civiles a la ley federal de inmigración”.).  
  97. Ver, ej., Tramonte, Programa Comunitario de Vigilancia, supra n. 31. Ver también 8 U.S.C. § 1357(g)(1).
  98. Ver, ej., El Programa 287(g): Una Metodología Fallada y Obsoleta de Aplicar a las Leyes de Inmigración, American Immigration Council, 29 de noviembre de 2012, disponible en https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/287g-program-flawed-...
  99. El Testimonio de AILA, supra n. 30.
  100. Johnson, Doble Impacto de la Discriminación Racial, supra n. 18, at 1003. Ello tiene un efecto no solo en un creciente número de latinos indocumentados, sino también en los latinos que son ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanents y familias de “estatus mixto” (familias que incluyen ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y personas indocumentadas); ver Yolanda Vázquez, “Promulgando a la Marginalización de los Latinos: Una Resulta Colateral de la Incorporación de las Leyes de Inmigración al Sistema de Justicia Criminal,” 54 How. L.J. 639, 668 (2011) (“Los traslados por deportación no sólo afectan a los individuos trasladados, sino también a las familias que dejan atrás. Se estima que cerca del 10% de familias con niños en los Estados Unidos viven en hogares con “estatus mixto”. El Estatus Mixto está definido como hogares en las que las familias tienen miembros ciudadanos y no ciudadanos. De 1996 al 2007 se estima que 1.6 millones de familias en los Estados Unidos fueron separadas de alguna forma por traslados. El traslado involuntario e inesperado de un miembro de la familia tiene efectos particularmente severos y duraderos en el estatus socioeconómico y el bienestar emocional de la misma”.) (citas de pie de página ha sido omitidas).
  101. Juan Cartagena, “Comiendo siendo moreno,” Huffington Post, 14 de agosto de 2013, disponible en http://www.huffingtonpost.com/juan-cartagena/eating-while-brown_b_374994...
  102. Santos v. Frederick County, supra n. 79.
  103. El 3er Circuito determinó en última instancia que bajo 8 C.F.R. § 287.7 “las órdenes de detención federales no puede ni debe obligar a las agencias de orden público de los gobiernos estales o locales a detener a extranjeros sospechosos que pueden ser sujetos de traslado”. Galarza v. Szalczyk, 745 F.3d 634, 636 (3d Cir. 2014).  Ver también página web sobre el caso ACLU, Galarza v. Svalzick (actualizado el 14 de junio de 2014), https://www.aclu.org/cases/immigrants-rights/galarza-v-szalczyk.
  104. Al decidir si se le permite a los Estados aplicar leyes migratorias, la Corte Suprema ha manifestado que el traslado es un asunto civil y no penal, y que el sistema de traslados se caracteriza por la amplia discreción de los oficiales de inmigración federal.” Arizona v. U.S., supra n. 25, en 2499.  También hay defensas para el traslado, especialmente para personas en búsqueda de asilo o aquellos con familia y comunidades que dependen de ellos. Nótese que nada en este reporte argumenta a favor de la expansión de los poderes de la policía local y estatal para hacer cumplir las leyes migratorias federales – en su lugar apoyamos leyes locales de no cooperación.
  105. Ver DHS Secretary Jeh Johnson, Memo Sobre las Comunidades Seguras, 20 de noviembre de 2014, en n. 1 (discutiendo 8 casos federales en los cuales la falta de causa probable en las solicitudes de detención de ICE violaron al Cuarto Enmiendo de la Constutición de los EE.UU. ). 
  106. Santos v. Frederick County, supra n. 79, 725 F.3d at 464-65 (“Los tribunales federales menores han interpretado – y pensamos que de forma correcta— que Arizona v. Estados Unidos imposibilita a los oficiales locales del orden público para arrestar a individuos basándose únicamente en el conocimiento o sospecha de violaciones civiles migratorias. [citando casos]”.)
  107. Galarza v. Szalczyk, 745 F.3d 634, 636 (3er Cir. 2014). Solicitar órdenes de detención federales sin fundamento se ha convertido en una práctica común en ICE que impacta a millones de personas. En otro caso que demuestra el impacto racial, el el 2016 un latino ciudadano estadounidense y residente permanente legal (no pueden ser removidos del país) ganaron el juicio sumario de una demanda colectiva de parte de todas personas sujetas a las órdenes de detención federales de ICE en el Área de Responsabilidad de ICE en Chicago dado que la oficina local de ICE en Chicago había excedido su propia autoridad al solicitar órdenes de detención sin fundamento. Memorandum Op. & Order, Jimenez Moreno v. Napolitano, No. 1:11-cv-05452 (N.D. Ill. 2016) at 8 (certificación) & 13-17 (excediendo autoridad), disponible en https://immigrantjustice.org/sites/default/files/content-type/press-release/documents/2016-11/JimenezMoreno-NDIL-ruling.pdf. Esta ordenanza cubre los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Wisconsin y otras órdenes de detención de ICE enviados a autoridades del orden público en 24 otros estados. Id.
  108. Morales v. Chadbourne, 996 F. Supp. 2d 19, 40 (1er Cir. 2015).
  109. Miranda-Olivares v. Clackamas Cty., No. 3:12-CV-02317-ST, 2014 WL 1414305 (D. Or. 11 de abril de 2014).
  110. Andrea Castillo, “Cambios a documentos jurídicos de detención se propagan en Oregon; posibles implicaciones nacionales”, The Oregonian/OregonLive.com, 19 de abril de 2014, disponible en http://www.oregonlive.com/pacific-northwest-news/index.ssf/2014/04/feder... (también describe “un giro que de acuerdo a expertos legales, se propagará por el estado y posiblemente, por la nación”.).  
  111. Immigrant Legal Resource Center, National Mapa Nacional del Embrollo con ICE, 19 de diciembre de 2016, disponible en https://www.ilrc.org/local-enforcement-map. Para mayor información sobre el rechazo de las jurisdicciones a cumplir con estos requerimientos, ver Lena Graber & Nikki Marquez, “Buscando el Santuario: Un Análisis de los Condados de América y su Asistencia Voluntaria con las Deportaciones,” Immigrant Legal Resource Center, diciembre de 2016, disponible en https://www.ilrc.org/searching-sanctuary.
  112. Santos v. Condado de Frederick, supra n. 79 (sostiene que “salvo dirección expresa o autorizacion de oficiales o estatutos federales, oficiales del orden público locales y estateles no podrán detener o arrestar a los individuos basándose únicamente en el conocimiento o la sospecha de violaciones a la ley federal de inmigración.” 725 F.3d en 465).
  113. Comunidades Seguras: Una Hoja de Hechos, American Immigration Council, 29 de noviembre de 2011, disponible en https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/secure-communities-f.... El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que cuando las huellas digitales de las personas son tomadas por la policía local o estatal bajo la Ley Patriótica de los Estados Unidos promulgada después del 9/11, y sus enmiendas de 2002, esta información deberá ser enviada al FBI para entonces compartirla con ICE. Ver Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Oficina del Inspector General, Communicación Sobre la Participación en Comunidades Seguras, OIG-12-66 (junio de 2014), en 2, que discute el Sistema Automatizado e Integrado de Identificación Dactiloscópica (IAFIS, por sus siglas en inglés) (el mandatorio intercambio de datos entre la policía local y el FBI) y el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (IDENT, por sus siglas en inglés) (interoperable con IDENT) y la Ley de Reforzamiento de la Seguridad Fronteriza y Reforma a las Visas de Entrada del 2002 (Ley Pública 107-173), la cual enmendó la Ley Patriótica del 2001.
  114. Id.
  115. Ver, ej., Morales v. Chadbourne, 793 F.3d 208, 217 (1er Cir. 2015).
  116. La ley federal de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés) preveé de forma explícita, “que el Fiscal General no podrá trasladar a un extranjero sentenciado a prisión hasta ser liberado de la misma.  Condena, libertad supervisada, probatorio o posibilidad de arresto o encarcelamiento continuo no es una razón para aplazar el traslado”. 8 U.S.C. §1231(a)(4) [énfasis añadido], con la excepción única de si están en custodia estatal, bajo órden escrita del estado. 8 U.S.C. §1231(a)(4)(B)(ii). INA §241(a)(4)(B)(ii).
  117. La ley federal INA limita de forma explícita la discreción federal sobre las personas en custodia estatal: “El Fiscal General está autorizado a trasladar a un extranjero de acuerdo con procedimientos aplicables en este capítulo, antes de que el extranjero haya cumpido una sentencia de cárcel.   — … (ii) en el caso de un extranjero en custodia del Estado (o una subdivisión política estatal), el principal oficial del estado en ejercicio de la autoridad en lo referente a la encarcelación del extranjero determina que (I) el extranjero está confinado de conformidad a una sentencia de condena final por una ofensa no violenta (que no es [una ofensa de inmigración]) (E) de este título), (II) el traslado es apropiado y en el mayor beneficio para el Estado, (III) presenta una petición por escrito al Fiscal General para que el extranjero sea trasladado.” Id. (8 U.S.C. §1231(a)(4)(B)(ii)). La ley Federal de Inmigración y Naturalización (INA) determina que, “que el Fiscal General no podrá trasladar a un extranjero sentenciado a prisión hasta ser liberado de la misma. Condena, libertad supervisada, probatoria, o posibilidad de arresto o encarcelamiento continuo no es una razón para aplazar el traslado”. 8 U.S.C. §1231(a)(4) [énfasis añadido]
  118. La Ley de Confianza de California, 2013 Cal. Stat. 4650 (codificado en CAL. GOV’T CODE §§ 7282–7282.5 (West Supp. 2014)); ver también Medina, supra n. 17.
  119. Ver, ej., César Cuauhtémoc García Hernández, “Creyendo a Crimenmigración” 2013 Brigham Young University Law Review 1457, 1458 (2013) (Sentencias de condena por una creciente lista de ofensas resultan en traslados— el término técnico general para la exclusión y deportación.  Algunas veces perpretación — en lugar de sentencia —  de dicha ofensa es suficiente. A su vez, la aplicación de migratorias ha adoptado de manera creciente el enfoque de escrutinio de la aplicación penal.  Investigaciones penales que conciernen algunos delitos relacionados con la actividad migratoria han incorporado muchas de los procedimientos menos estrictos que tradicionalmente son usados en el sistema judicial civil”.)
  120. Id. en 1480-82 (aumento de encarcelación asociada a “crimenmigración”, la criminilazación de los inmigrantes) & 1469-1471 (aumento de traslados asociados con la “crimenmigración”).
  121. Ver, ej., Restorando a un Consenso a Nacional: La Necesidad de Terminar con el Uso del Perfiles Raciales en América, Leadership Conference on Civil and Human Rights, marzo de 2011, disponible en http://www.civilrights.org/publications/reports/racial-profiling2011/rac... Ranjana Natarajan, “El perfil racial ha destruido la confianza pública en la policía”, Washington Post, 14 de diciembre de 2015, disponible en  https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/12/15/racial-profi.... (“El uso de perfiles raciles y las excesivas medidas policiales son inconstitucionales. Pero aún ocurren”.); Floyd v. City of New York, 959 F. Supp. 2d 540, 667 (S.D.N.Y. 2013) (hallaron que el programa de “detención y cateo” de la policía de Nueva York era inconstitucional porque las detenciones fueron hechas en gran parte teniendo en cuenta un perfil racial discriminatorio contra afroamericanos y latinos). 
  122. Fabricación de Felonías: Como el Hecho de Manejar se ha Desarrollado a ser una Felonía para Gente de Color en Georgia, Advancement Project & Georgia Latino Alliance for Human Rights, 2015, en 4 (“A pesar de que el intento original de la ‘la ley criminal de manejo’ [que convierte el manejar sin licencia en una felonía que impone fuertes penalidades monetarias] era señalar a los inmigrantes indocumentados en el Estado, en la práctica otras comunidades de color se vieron más impactadas, especialmente la afroamericana”.), disponible en http://b.3cdn.net/advancement/a23a889905f33b63a2_lim6bsbhf.pdf. 
  123. Ver, ej., Maritza Pérez, Jessica González-Rojas y Juan Cartagena, “Por qué los latinos deberían ponerle atención a la Ley de Reforma Penal”, Huffington Post, 25 de mayo de 2016, disponible en http://www.huffingtonpost.com/maritza-perez/latinos-sentencing-reform_b_... (analiza el encarcelamiento excesivo de los latinos que representan el 17.4% de la población estadounidense y 33.8% de la población encarcelada en prisones federales. Esto se debe a políticas y prácticas que perpetúan la permanenecia de latinos en el sistema penal y migratorio. Se destacó que latinos son dos veces más propensos a ser encarcelados que personas blancas y están sobre-representados dentro de la población de encarcelados de las 31 prisiones estatales en 50 estados de los Estados Unidos.); Prison Policy Initiative, Hispanics Are Over-represented in U.S. Prisons and Jails, Prison Policy Initiative, disponible en https://www.prisonpolicy.org/profiles/US.html; también ver, César Cuauhtémoc García Hernández, “Naturalizing Immigration Imprisonment,” 103 Calif. L. Rev. 1449 (2015).
  124. Ver Vázquez, Perpetuating the Marginalization of Latinos, supra n. 100.
  125. Ver Jasmine Gómez y Pamela Cataldo, Private Prisons and Political Contributions: How Big Money Shackles Immigration Policy, Free Speech People, 14 de diciembre de 2016, disponible en http://freespeechforpeople.org/bilingual-private-prisons-report/.
  126. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 211-15 (1982).
  127. Id.
  128. Id. en 221 (“La educación pública para los individuos no es un ‘derecho’ garantizado bajo la constitución. Pero tampoco es simplemente un ‘beneficio’ gubernamental que no se distingue de otras políticas de bienestar social. Ambas, la importancia de la educación en el mantenimiento de nuestras instituciones básicas, y el impacto duradero en la vida de un niño si se le priva de ésta, marcan la diferencia”. [las citas internas han sido omitidas.])
  129. Id. en 220.
  130. Id. en 222.
  131. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 210-16 (1982). 
  132. Id. en 230.
  133. HICA v. Gov. Alabama, supra n. 27, 691 F.3d en 1245 (citando Plyler en 227).
  134. Id. at 1241 (quoting Alabama law S.B. 28). 
  135. Id. at 1247.
  136. Id.
  137. Id.
  138. Human Rights Watch reportó que “[d]e acuerdo al Departamento de Educación Estatal más de 5,000 niños latinos estuvieron ausentes en momentos donde se anticipaba una ausencia de 1,000 niños. Esto es de una población escolar de latinos de alrededor de 31,000 estudiantes en Alabama, incluyendo ciudadanos estadounidenses”. Human Rights Watch, No Way to Live: Alabama’s Immigrant Law, 2011, en 45.
  139. Id. en 47.
  140. Algunos de los múltiples incidentes están documentados en las notas 11 y 12, supra.
  141. Ver, ej., AFT promete proteger a estudiantesy educadores indocumentados, 28 de noviembre de 2016, disponible en http://www.aft.org/news/aft-pledges-protect-undocumented-students-and-ed...
  142. Ver, ej., “UC no ayudará a agentes federales en temas migratorios relacionado a estudiantes”, supra n. 17.  Durante la revisión de la Ley de Alabama, la Corte de Apelaciones del 11vo Circuito señaló: “Tal como la Corte Suprema manifestó en Plyler, ‘Cobrar matrícula a los niños indocumentados constituye un intento ridículamente inútil para tratar de contener la ola de inmigración illegal;” (se omitieron las comillas y las alteraciones). HICA v. Gov. of Alabama, supra n. 27, 691 F.3d en 1236.
  143. Ver Informe SPLC en n. 12, supra.
  144. Id.
  145. Id. (26 casos de crímenes de odio reportados eran anti Trump).
  146. Ver, ej., AFT promete proteger a estudiantes y educadores indocumentados, supra n. 143.
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